Maromas contables

Tiene razón el presidente Gustavo Petro en criticar la conformación politiquera del Consejo Nacional Electoral. Aquel, el de las manos largas de la política en la justicia, es un mal crónico de este organismo electoral desde el 31 de enero de 1888, cuando se creó bajo el pomposo nombre de Gran Consejo Electoral. En aquel entonces, se componía por seis miembros nombrados así: dos por el Senado, dos por la Cámara de Representantes y dos por el Presidente de la República, con sus respectivos suplentes, para períodos de un año. En los años posteriores tuvo múltiples modificaciones, manteniendo siempre un carácter partidista en la selección de sus integrantes. Tristemente para el presidente, y para su campaña, esas son las normas que rigen nuestro sistema democrático.

Dicho esto, una lectura cuidadosa de las 314 páginas de la ponencia radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, y que ahora será examinada por la sala plena, debería preocupar seriamente al presidente Petro. Antes, un breve contexto del problema. Como todas las campañas en la historia reciente, la de Petro camina sobre un filo muy delgado: en los reportes presentados, reportó gastos por 28.384 millones de pesos en primera vuelta; el tope era de 28.536 millones. En segunda fueron 13.169 millones de pesos, y el tope eran 13.347 millones. En ambos escenarios, la campaña está a menos de 180 millones de saltarse los topes permitidos.

El documento tiene pruebas sólidas que demuestran cómo la campaña de Gustavo Petro, a través del gerente Ricardo Roa, ocultó deliberadamente gastos como el pago a miles de testigos electorales (según La Silla Vacía fueron 71 mil en primera vuelta y 83 mil en la segunda) a los que presentó como voluntarios cuando en realidad sí les pagó por su trabajo. Sobre esto, el nuevo abogado del presidente ante el CNE, Héctor Carvajal, sostiene que esos pagos no se deberían considerar como gastos electorales por ser posteriores a la campaña electoral.