Derecho constitucional a la alimentación: un compromiso inaplazable

Colombia enfrenta una grave crisis alimentaria y nutricional que afecta a millones de personas en el país. Según una evaluación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizada en 2023, el 25 por ciento de los hogares colombianos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a alrededor de 13 millones de personas. De estas, 1.6 millones se encuentran en una situación extrema. Además, el 51 por ciento de la población experimenta inseguridad alimentaria marginal, lo que los pone en una situación altamente vulnerable ante crisis económicas y climáticas. La falta de acceso a una dieta balanceada, el alto costo de los alimentos y la precariedad económica agravan aún más este problema, con un 34 por ciento de los hogares por debajo de la línea de pobreza.

Los departamentos más afectados por esta crisis son La Guajira, Sucre, Caquetá y Córdoba, que presentan las tasas más altas de inseguridad alimentaria. Esto se debe a una combinación de factores estructurales como la pobreza, el desempleo y el impacto del conflicto armado. En particular, la desnutrición infantil sigue siendo una preocupación alarmante, con un incremento de casos y muertes asociadas en los últimos años. Aunque algunos indicadores mostraron una leve mejora en 2023, la crisis persiste, y cualquier choque externo podría revertir los avances logrados.

Ante este panorama, y tras más de 14 años de lucha social, finalmente se logró un avance histórico: el 6 de febrero de 2025, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo No. 1, que modifica el artículo 65 de la Constitución Política Colombiana, reconociendo el derecho humano a la alimentación como un derecho constitucional.