Yohir Akerman
21 Agosto 2022

Yohir Akerman

Contratistas blindados

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La operación de raspar la olla de los recursos estatales realizada por la administración de Iván Duque incluye otro megacontrato adjudicado un mes antes de su salida, que tendrá que ser pagado por el nuevo gobierno. Una carrera motorizada que se hizo contrarreloj. 

Y sorprende, pero no sorprende, que los multimillonarios recursos fueron en esta ocasión adjudicados a una empresa representada por personas que cuentan con varias investigaciones en su contra y temas por los que deben responder.

Vamos por partes. 

Según los registros públicos, el pasado 6 de julio la Policía Nacional adjudicó un presupuesto de 2.856 millones de pesos para la compra de dos vehículos tácticos blindados, con el fin de realizar patrullajes en diferentes zonas petroleras. 

Ese mismo día el contrato fue asignado a dedo a una empresa denominada 7M Group SAS, por un presupuesto, un poco menor, de 2.804 millones de pesos. Se puede decir que hubo un descuento de 52 millones para lograr hacer una asignación directa de menor cuantía a toda velocidad, con lo que cada vehículo terminó costando la bicoca de 1.402 millones de pesos. 

La resolución de adjudicación fue firmada directamente por el coronel Didier Alberto Estrada, director del Fondo Rotatorio de la Policía. Allí se establece que el fin de los dos vehículos es proteger varias áreas de influencia y operación de hidrocarburos en el país.

Contato

Hay un elemento llamativo del contrato y es que en el Registro Secop, que es donde se hacen públicos los contratos estatales, aparece que lo adjudicó el “Fondo Rotatorio de la Polica” y no Policía, lo que seguramente es un error involuntario. Pero en realidad termina generando una dificultad a la hora de buscar el contrato para quienes lo quieran consultar. Tan detallistas. 

Pero sigamos ya que el contratista tiene varios cuestionamientos y se nos acaba el tiempo.

La sociedad 7M Group es representada por el señor Martín Ricardo Manjarrés Cabezas quien, entre otras, fue investigado y sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por violar la libre competencia en varios contratos que adjudicó la Policía para la adquisición de motocicletas por más de 5.800 millones de pesos. 

Según la resolución 76592 del 30 de diciembre de 2019, para la SIC existe evidencia de que Manjarrés Cabezas realizó maniobras encaminadas a impedir que empresas de la red de servicios de una marca de motocicletas pudieran presentarse libremente a licitaciones públicas, al punto de controlar la entrega de los certificados para esto. 

En el pliego de cargos se asegura que del correo electrónico de Manjarrés se extrajeron pruebas del control estricto de las licitaciones y de las actividades restrictivas de la competencia para siempre quedarse con esos contratos.

Pliego

Ahora bien, el señor Manjarrés está casado con la señora Marcela Montes Zuluaga, con quien es representante de una segunda empresa denominada Kobe Colombia SAS. Esta sociedad no está libre de penas, ya que se encuentran en la lupa de la Procuraduría por el favorecimiento de multimillonarios contratos, específicamente en la compra de vehículos blindados también para la Policía. 

Acá se pone más interesante, entonces no apaguemos el motor. 

En abril de 2020, bajo la dirección del general Óscar Atehortúa, la Policía firmó varios contratos problemáticos con estas compañías. El primero es el acuerdo de compra número 46090, por más de 7.900 millones de pesos, para la adquisición de cinco tanquetas blindadas nivel III para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que justificó como parte del plan de necesidades que cada fuerza presenta anualmente.

Resultó un negocio familiar. Los modernos vehículos fueron adquiridos por un monto exacto 7.901.500.000 pesos a 7M Groups, empresa que se encargó del diseño y, posteriormente, fueron fabricados en otro contrato por la empresa Kobe Colombia, dedicada en la modificación y transformación de esos vehículos de defensa, seguridad emergencia y logística.

Documentos Kobe

Pocas semanas después, se cerró la venta de cuatro vehículos más con blindaje III, para la Dirección de Tránsito y Transporte, por 4.160 millones de pesos, todos con las mismas empresas. 

Un poco de contexto para entender cómo se logró esta maravilla. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, Diraf, es la entidad encargada del plan de compras de esa institución. Entre sus funciones está determinar cada una de las características de los equipos requeridos, entre ellos vehículos, carros blindados, tanquetas y motos.

Pues bien, varios documentos que terminaron en la Procuraduría muestran que un capitán de la Policía en retiro, el señor Luis Eduardo Espinosa, pasó de ser el responsable de seguimiento contractual de la Diraf a director comercial de 7M Group, la firma que se quedó con todos estos contratos. Una puerta giratoria, con todo y Fondo Rotatorio, pero motorizada. Y blindada.

Otro capitán retirado de la Policía, el señor Carlos Arturo Flórez, quien fue responsable de mantenimiento de vehículos en la Diraf, pasó a trabajar como representante de Union Motor Group, otra firma de Manjarrés Cabezas. ¡Un cabezazo!

Las autoridades pudieron documentar de tres oficiales más que se encargaban de las tareas de contratación y de la destinación de presupuestos en la Policía que pasaron a trabajar para las empresas contratantes del empresario tolimense Martín Ricardo Manjarrés Cabezas o su esposa.

Metieron el cambio, de contratantes a contratistas. 

Por supuesto, gracias a esas buenas relaciones, según la Procuraduría, estas compañías pudieron establecer líneas de comunicación con sus sucesores en la Diraf “para direccionar los estudios de conveniencia y oportunidad en favor de las empresas en mención 7M Group y Kobe”.

El tema fue tan profundo que para poder determinar los tentáculos de control de esas empresas en los oficiales activos de la Policía Nacional se realizaron, a algunos de ellos, pruebas de polígrafo para determinar quiénes estaban involucrados con los megacontratistas.

Los resultados fueron complicados. Por un lado, varios de los oficiales se negaron a someterse al llamado detector de mentiras y, por el otro, la mayoría de los que se sometieron no pasaron la prueba.  

La mayor parte de los funcionarios sometidos al polígrafo admitieron su participación en las referidas irregularidades y señalaron, además, a otros exoficiales y la modalidad que estaban empleando para favorecer a las compañías controladas por Manjarrés Cabezas y su esposa, en los multimillonarios contratos. 

Como si esto no fuera suficiente, en la Dirección Nacional de Inteligencia también se abrió un proceso en contra de esa misma empresa, por temas de contratación irregular con la Unidad Nacional de Protección. En especial, por el incumplimiento en los términos de varios contratos.

Pero todo esto parecen detalles, ya que esas mismas empresas fueron las felices ganadoras, faltando un mes para que saliera el anterior gobierno, del contratico de los dos vehículos tácticos de defensa por 2.804 millones de pesos. 

Unos contratistas blindados. Que no les entran las balas de las sanciones de la Superindustria, ni las investigaciones de la Procuraduría, ni tampoco los problemas con otras entidades del Estado. Menos aún los afectan las pruebas de polígrafos que dejaron evidencia de los oficiales que pasaron de ser los responsables de la contratación en la Policía a ser los funcionarios contratistas de esas empresas. Una puerta giratoria, con motor, que ahora el nuevo gobierno tendrá que pagar. 

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com 

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