El periodismo en Colombia necesita más crítica. Somos, nosotros los periodistas, muy sensibles cuando un colega viene a criticarnos un trabajo y solemos invocar esa solidaridad de cuerpo que no es más que corporativismo que nos viene muy bien pero no tanto a la sociedad. En otros campos se critican sin tanto drama y se entiende que nada es personal. Un académico publica una investigación y llegará otro que critique su teoría. Y está magnífico.
Hago esta introducción para hablar de la famosa cifra que ya se coló en el imaginario de la opinión pública sobre la investigación del “Saqueo a los recursos de la paz”. Ha habido varias preguntas y críticas sobre la cifra. Quisiera ofrecer más detalles y contexto para que lleguemos a un puerto cercano a la verdad. El primer paso, reconocer que pudo haber faltado más conceptos y precisión sobre el cómo y el porqué de tal cifra. Vamos al grano.
Siempre dijimos con Valeria Santos que era una estimación. ¿Cómo se sacó? Fue el cálculo de la cantidad de dinero que se desvió en coimas sobre la plata aprobado por el Ocad-Paz en años de Luis Alberto Rodríguez y Álvaro Ávila (4,4 billones). Según los relatos de 26 alcaldes consultados, identificamos cifras y patrones que se repetían en los testimonios. Fueron alcaldes que ni se conocían entre sí y eran de distintas subregiones. Nos pareció que era legítimo estandarizar algunos porcentajes al repetirse las respuestas.
Así, entre el 1 y el 2 por ciento de cada proyecto iba para contralores delegados, entre 5 y 7 por ciento para el congresista que “apadrinaba el proyecto del principio al final” y lo hacía llegar al Ocad-Paz y entre un 5 y un 7 por ciento para funcionarios de Planeación Nacional. En ese sentido, pensamos que un 12 por ciento aproximadamente de esos 4,4 billones se fue en coimas. Así se construyó la cifra de 500.000 millones.
Partiendo de esa base, considero imposible que algún medio o institución judicial logre precisar a ciencia cierta cuánta plata fue. Pues las coimas fueron pagadas en efectivo y los testigos (alcaldes PDET) fueron partes necesarias de la trama. Es decir, la mayoría pagaron coimas. Sus declaraciones serían, en ese caso, autoincriminatorias. Es muy difícil que podamos tener cara y nombre de esos testimonios. Por eso, las cuatro entrevistas que publicamos fueron con voces distorsionadas y bajo la figura de “fuente protegida”. Fue lo mejor que pudimos hacer. No había otra chance.
¿Eso implica un acto de fe por parte de la opinión pública? Sí y no. Los testimonios están acompañados de documentación, denuncias, entrevistas y cosas concretas que no son opiniones. Varias obras están atrasadas y el audio del alcalde de La Paz (Cesar) habla de coimas y proyectos para empujar. Por otro lado, entiendo que haya escepticismo y críticas. Bienvenidas. En el fondo, solo Valeria y yo conocemos los nombres de los alcaldes y la nitidez de sus dichos.
Ella y yo solo abrimos una puerta. Detrás hay un mundo oscuro y complejo que corresponde a otros colegas e instituciones judiciales descubrir. Eso fue un aparato nacional que se coló en las ramas del poder público y en todos los niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional).
Este es el origen y el contexto del presunto robo de medio billón de pesos. Pudo ser más o pudo ser menos. Lo sabrá dios. Obsesionarse con la cifra es necio y sería concentrarse en el árbol para obviar el bosque. Esa plata no se va a recuperar. El legado de esta investigación debe ser un mapa de señales para que el Congreso cambie reglas de juego, diseños e incentivos que favorecen la corrupción. Eso es lo importante.
Las críticas, siempre bienvenidas. Nos hacen mejores.
