Valeria Santos
22 Octubre 2022

Valeria Santos

Una empresa criminal II

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Después de 60 años de conflicto armado, Colombia se convirtió en un cementerio de personas desaparecidas. Familias rotas, consumidas por la angustia y la incertidumbre por el destino fatal del que nunca regresó. Bajo la tierra de la hacienda El Palmar, en el municipio de San Onofre, fueron encontradas al menos 78 fosas comunes. El bloque de autodefensas Héroes de los Montes de María asesinó, torturó, desmembró y desapareció a cientos de personas en este predio de más de 500 hectáreas que fue utilizado por alias Cadena como base paramilitar. Pero como en nuestro país las instituciones también se encargaron de perpetuar los ciclos de dolor y violencia, en vez de tratar de utilizar el bien para reparar y hacer justicia, se lo entregaron en arriendo, por una cifra irrisoria, a un ciudadano que tenía vínculos familiares con un funcionario del gobierno de esa época.

Gracias a las diligencias realizadas por los magistrados Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en aras de dignificar a las víctimas y también a la familia despojada materialmente del bien, se empezó a conocer lo que realmente sucedió con este predio. Este es otro caso de las graves irregularidades que ocurren con los bienes en extinción de dominio, donde parecen existir intereses indebidos detrás de muchos procesos. Y donde se involucra un largo camino de omisiones y presuntas manipulaciones por parte de funcionarios de la Fiscalía, secuestres, la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

En 2007, la Fiscalía 21 especializada en extinción de dominio ––la misma que mencioné en mi columna pasada y que estuvo detrás de los embargos irregulares de los hoteles en Cartagena–– allanó 21 propiedades del comandante del frente Montes de María de las AUC, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Entre estas propiedades se encontraba la finca El Palmar, que desde 1938 pertenecía a la familia Rhénals, quienes hasta los ochenta tenían allí un importante hato ganadero. Pero según la Fiscalía, este predio era en la práctica propiedad de alias Cadena.

Para profundizar

En el auto de motivación de la medida, la fiscal 21 especializada en extinción de dominio argumentó que no había forma de que la familia Rhénals no conociera la presencia del grupo paramilitar y que, por lo tanto, esta debía haber colaborado con las autodefensas.
Una vez fueron dictadas las medidas cautelares sobre El Palmar, la DNE lo entregó en administración al depositario provisional Adolfo Arturo Loba Pineda quien, a su vez, el 1 de marzo de 2010, se lo arrendó por 500.000 pesos a Ricardo Enrique Martínez Mordecai, sobrino de Hernán Martínez Torres, ministro de Minas del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Una finca que según sus dueños podía producir 3.200 litros de leche y albergar miles de bovinos terminó arrendada por una suma irrisoria. El contrato tenía supuestamente una vigencia de dos años, sin embargo, se prorrogó por once años, hasta que este fue incluido dentro de las medidas cautelares de la JEP, que además de develar el turbio panorama del arrendamiento, acreditó como víctima a la familia Rhénals.

Ante la JEP, la SAE aseguró no tener responsabilidad en el arrendamiento del predio pues este había sido entregado por la extinta DNE. Sin embargo, desde que pasó a la SAE esta tenía la responsabilidad de revisar el contrato y ajustarlo a la normatividad. Lo anterior teniendo en cuenta que por ley el tiempo máximo de un contrato de arrendamiento de un predio rural con bovinos mayor a diez hectáreas debe ser de 48 meses.

A partir de la decisión de la JEP de incluir el bien en las medidas cautelares, los magistrados auxiliares Paola Acosta, Ana Portilla y Hugo Restrepo iniciaron unas mesas técnicas con la SAE en las que se comprometieron a sanear el contrato de arrendamiento.

La SAE cumplió con el compromiso a su medida. En noviembre de 2021 cambió el depositario del bien por el señor Jairo Elías Cruz, que ¡oh sorpresa!, le volvió a entregar el predio al señor Ricardo Enrique Martínez Mordecai. El contrato ya no era por 500.000 pesos, sino por dos millones y medio. Sin embargo, yo sí quisiera saber si un colombiano sin privilegios puede conseguir una finca productiva de 500 hectáreas por dos millones y medio de pesos al mes.

Ahora bien, si en la SAE llueve, en la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio no escampa. Únicamente después de que la JEP presionó para que el bien fuera devuelto a sus propietarios originales por ser víctimas del conflicto, la Fiscalía, en octubre de 2021, declaró la improcedencia de la medida cautelar, decisión que debe ser revisada en segunda instancia.

En la decisión de la Fiscalía 50 de extinción de dominio quedó claro que la causal invocada por la Fiscalía en 2007 no estaba justificada, pues estaba plenamente probado que la familia Rhénals nunca tuvo relación con los paramilitares que ocuparon su finca y que su único nexo causal con estos grupos armados es el de haber sido víctimas de desplazamiento forzado y extorsión.

De hecho, quedó probado que a la familia Rhénals la extorsionaron exigiéndole una suma de cien millones de pesos. Y, además, en 1986 asesinaron a su padre por no pagar la vacuna. Hay que ser muy claros en que la familia Rhénals fue víctima de desplazamiento desde mediados de los ochenta. En 1994 puso la primera denuncia de extorsión. Además, el control de los paramilitares en la región para la época era absoluto, por lo que denunciar era una sentencia de muerte, sobre todo teniendo en cuenta los probados vínculos entre las AUC y las autoridades en distintos niveles del departamento de Sucre.

La actuación de la Fiscalía por más de catorce años, insistiendo en embargarle el bien a la familia desplazada no se entiende. Los hechos y las pruebas de que fueron víctimas son muy evidentes. Tampoco es fácil explicar por qué se le entrega el bien en arriendo, por dos secuestres distintos, a un sobrino de un ministro del presidente Uribe por una suma tan irrisoria. Queda así, el sabor de que diferentes funcionarios o cercanos a la SAE, la Fiscalía, y algunos secuestres tienen conformada una empresa criminal para apoderarse de los bienes en extinción de dominio. El país necesita respuestas.

Más vale que la SAE y la Fiscalía entiendan que los bienes embargados deberían tener como propósito fundamental honrar y reparar a las víctimas. Únicamente en un país como Colombia no les expropian las fincas El Mamón y El Prado a la familia de Jorge 40 donde se cometieron delitos atroces ––denuncia realizada en esta columna ––, y sí se le quita la propiedad a una familia víctima de estos paramilitares para dársela en arriendo a un sobrino de un exministro.

Para profundizar

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