¿Por qué Gustavo Petro amenaza con tomar el camino del autoritarismo?

Aunque en la historia reciente de Colombia varios presidentes han estado tentados a saltarse las normas constitucionales para imponer su voluntad, Gustavo Petro es el primero que llega al nivel de desafío de anunciar que desconocerá –con un ‘decretazo’– una decisión del Senado para realizar una consulta popular.

El interrogante que gravita en el ambiente es por qué Petro llegó a este extremo. Entre los observadores hay opiniones divididas: unos creen que se trata de un patrón que se ciñe a ciertos rasgos autoritarios que lo han acompañado en su vida política, como ocurrió en 2013, cuando siendo alcalde de Bogotá expidió por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial, después de que el Concejo se lo negó por nueve votos.

Otros ven en esta decisión un acto de desesperación política ante el lánguido balance de su Gobierno, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, en las que quien represente su ideario podría perder en las presidenciales, mientras que su lista al Congreso corre el riesgo de sufrir un descalabro. De ahí que necesite mover gente para hacer visibles a sus candidatos mientras en simultánea ataca a todos sus adversarios.

Petro ha hecho una interpretación, cuando menos, heterodoxa de la decisión del Senado, que rechazó la consulta. Esta se suma a otras en las que ha sugerido que los 11 millones de votos que obtuvo en 2022 le otorgan poderes que van más allá de lo establecido en la Constitución y las leyes, insinuando que sus propuestas no deben ser consensuadas, sino aceptadas por el Congreso con funciones de simple notario.

Rasgos de autoritarismo

Sus críticos enumeran varios episodios: desde el intento de asumir, también vía decreto, las funciones de regulación técnica de los servicios públicos que están en manos de la Creg, hasta la idea de convocar una constituyente sin pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, invocando una lectura equívoca del Acuerdo de Paz con las Farc.

A estos intentos de saltarse las normas se suma ahora una cadena de derrotas políticas: no logró la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Séptima, que la hundió; en el Senado, las reformas a la salud y a la misma reforma laboral se diluyeron en medio de advertencias técnicas y políticas.

De hecho, Petro ha invertido buena parte de su capital político en el intento de aprobar la reforma a la salud, pero el proyecto no logra avanzar en el Legislativo. Y mientras esto ocurre, buena parte de las voces del sector dicen que hoy la salud está peor que cuando él llegó al poder.

Y a esto se suma lo ocurrido el 14 de mayo: en la plenaria del Senado se hundió el aval para la consulta con 49 votos en contra y 47 a favor. La plenaria rechazó así las 12 preguntas propuestas para revivir la reforma laboral.

También perdió el respaldo ciudadano en las calles. El paro nacional promovido por el Gobierno fracasó al punto que él se desmarcó y dijo que él no lo crio. El uso de esta herramienta social para presionar al Congreso no tuvo éxito ni siquiera en la Plaza de Bolívar, epicentro de otros días de gloria para el petrismo. En esta ocasión, los ciudadanos no acompañaron al mandatario.

Pesos y contrapesos

En este contexto, Petro está tensando las cuerdas de los pesos y contrapesos. Busca maneras de encender la campaña presidencial, mantener el control de la agenda pública y construir el discurso de que “lo intenté por todos los medios, pero no me lo permitieron”.

El presidente tiene razón en algo: este Congreso le ha bloqueado las intenciones de reforma con estrategias que, a veces, no parecen del todo legítimas ni válidas. El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima sin discusión es una prueba de ello.

Por supuesto, esto no lo habilita para convocar por decreto una consulta popular, en especial cuando la ley exige el voto favorable del Congreso. Sin embargo, los defensores del presidente dicen que este mismo Congreso se ha cerrado a toda posibilidad de cambio, y que incluso revivieron la reforma hundida el mismo día que se votaba la consulta, en una maniobra para corregir un supuesto error tras detectar los riesgos del apoyo popular a la iniciativa.

También es cierto que lo que ocurre hoy está en nivel –todavía– de amenaza. En rigor, el presidente no ha tomado una sola decisión por fuera del orden constitucional, lo que sigue hablando bien de las instituciones colombianas.

La cuestión de fondo es si esa misma fortaleza institucional no se convierte, a su vez, en una jaula que impide cualquier cambio de fondo, precisamente lo que este Gobierno buscaba. Y también cuál es su grado de responsabilidad. Al inicio de su mandato, Petro se rodeó de ministros calificados y voces experimentadas, como el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, a quien luego echó sin fórmula de juicio.

Al ser la primera vez que la izquierda gobierna en Colombia, el Gobierno quedó atrapado en el ruido de las arengas y los trinos de influenciadores que, si bien marcan tendencias, no construyen políticas públicas.

El cambio que no fue

Hoy ocupa sectores clave con un equipo de trabajo que no conoce bien los vericuetos jurídicos y legales por los que podría navegar para lograr las transformaciones prometidas. La conclusión de este Gobierno es que cambiar cualquier cosa en Colombia resulta muy difícil.

Si la historia acaba por decir que este Gobierno fue autoritario, ese sería un golpe mortal para la izquierda democrática, que ahora tiene el reto de reconstruirse en torno a una figura distinta a Petro.

Desde el punto de vista de su estilo, el presidente sigue siendo fiel a su tono confrontacional, se mueve constantemente en el límite de lo institucional y espera que sus funcionarios también lo hagan. La consulta popular por decreto nunca se concretaría, porque claramente no superaría ninguna revisión jurídica y, mucho menos, sería convocada por la Registraduría. Parece una medida desesperada, con argumentos jurídicos muy débiles.

Jaime O. Santofimio Gamboa, profesor de Derecho Administrativo, escribió en X que “el autoritarismo no tiene límites, con frecuencia se disfraza con las vestiduras de la democracia, invoca falsamente el consenso popular y, frecuentemente, con su retórica engañosa lo obtiene”.

Y advierte: “Cuando el paso decisivo de la degeneración política se haya cumplido, el régimen asumirá los nombres más hermosos: se hablará de libertad y de democracia, pero la realidad será pésima”.

La decisión del presidente Petro vulnera tres principios esenciales del orden constitucional colombiano: el del gobierno constitucional y la separación de poderes; es contraria al principio de democracia representativa y viola el principio de legalidad.

Una tentación irresistible

La analista Sandra Borda afirma que, finalmente, el mandatario se pasó por la faja la división de poderes y el Estado de derecho. “No se pudo resistir a la tentación”, asegura. Y dice que ahora “la sociedad civil e instituciones puestas a prueba deberemos demostrar que estamos en condiciones de contener y revertir este retroceso democrático”.

Una hoja de ruta similar traza el analista Juan Carlos Flórez, quien pide no dejarse intimidar por las amenazas de Petro. Advierte que no debemos perder de vista cuántas cortinas de humo ha lanzado en los últimos años para ocultar tanto su ineptitud como gobernante como la corrupción de su círculo más cercano.

Flórez señala que son igualmente dañinos para el futuro del país tanto los desafueros de Petro como la histeria ciega de algunos sectores de la oposición.

Y es que la frase que gravita en el ambiente no llegó como una réplica de un temblor, sino como un verdadero terremoto: “Voy a decretar la consulta popular”, dijo en televisión nacional. Aseguró que firmará el decreto a pesar de que el Senado hundió la propuesta, aferrado a la teoría de que no hubo decisión porque durante la votación se presentaron supuestas irregularidades.

“¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado. Hicieron trampa”, afirmó, descalificando al presidente del Senado, Efraín Cepeda: “Lo que hizo fue una vagabundería”.

La unión de los partidos

Si el presidente sigue adelante en este propósito, vendrá una batalla jurídica para anular el decreto, como lo anticipó el propio Petro y ya anunciaron los senadores de oposición, encabezados por Cepeda, a quien ahora apoyan buena parte de los partidos políticos.

En efecto, estos emitieron un comunicado pidiendo a las instituciones competentes actuar con independencia, bajo el principio de legalidad, y advirtieron que el decreto es un “golpe de Estado”.

Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI expresaron su rechazo al considerar que esta decisión del Gobierno representa una ruptura de la separación de poderes y una grave violación a la Constitución.

Los líderes de estas colectividades hicieron un llamado a instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales para que actúen con independencia y bajo el principio de legalidad.

Además, manifestaron su confianza en que el registrador nacional actuará con autonomía y no permitirá la fijación de un calendario electoral sin cumplir con los requisitos legales. Esto porque si Petro firma el ‘decretazo’ los ojos estarán puestos en la respuesta de la Registraduría.

Más allá de la consulta

En esta misma orilla están los aspirantes a reemplazar a Petro. Sergio Fajardo, candidato por Dignidad y Compromiso, afirmó que Petro y Armando Benedetti, ministro del Interior, no cesarán en su empeño porque “ellos lo que necesitan es la consulta”.

“Es una disculpa para hacer campaña política; para ellos es irrelevante lo que pase en el Congreso. Es irrelevante la reforma. Este es un Gobierno que no ha sido capaz de transformarles la vida a las personas. De esa cantidad de palabras tan tremendas, de todas esas convocatorias al universo, nada se convierte en realidad. Y la vida de las personas sigue estando en la misma condición, o peor. Petro es un maestro de la retórica”, dice Fajardo.

Para él, Petro es un experto en el arte de la confrontación, de agredir, de sacar la rabia y generar miedo. “En este terreno, la consulta política es lo que necesitan y van a tratar de hacerla de cualquier manera”.

Lo cierto es que la decisión de Petro produjo una reacción en cadena que ha alcanzado incluso para intentar borrar las inmensas fronteras abiertas entre los expresidentes de Colombia, que hasta ahora no podían ni verse.

El exsenador Humberto de la Calle le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe, como líder del opositor Centro Democrático, e instó a la “unión de los demócratas”.

De la Calle pidió dejar de lado la legítima lucha electoral y unirse frente a lo que calificó como una grave emergencia. Rechazó la tesis del ‘petrosantismo’ y pidió separar la discusión política ordinaria de la necesaria defensa institucional.

El Consejo Gremial Nacional también expresó su profundo rechazo y preocupación. Aseguró que esta decisión vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave afectación al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política.

Lecturas opuestas

Como en toda situación política, hay lecturas diametralmente opuestas. Lo llamativo es que dos de los máximos escuderos del presidente Petro hasta hace poco tengan posturas tan distintas:

“El decreto anunciado no ha sido expedido. Siempre hay tiempo para la reflexión”, dice el aspirante presidencial, exembajador en Londres y quien le puso la banda presidencial, Roy Barreras. “Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe. Y para sostenerse, abusa”, escribió el excanciller Álvaro Leyva Durán.

El presidente, consciente del riesgo de que su decreto sea anulado por la justicia, envió varios mensajes a la Corte Constitucional, que sería la encargada de estudiarlo ante alguna demanda. “Será un proceso largo, pero nos mantendremos firmes con la bandera en alto hasta el final”.

Y mientras tanto, otros ven en Petro a un audaz comunicador que, como pocos, sabe levantar cortinas de humo. En efecto, al tiempo que su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla enfrenta una imputación por corrupción, Petro lanzó el anzuelo de una consulta popular por decreto y logró que todos se centren en una discusión de incisos, parágrafos y artículos, desviando la atención del mayor escándalo de corrupción de su Gobierno.