La JEP rechazó el sometimiento de militar condenado por el Palacio de Justicia: estas son las razones

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó el sometimiento que había presentado el militar retirado Ferney Ulmardín Causaya Peña, quien fue condenado junto al coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano por el delito de desaparición forzada agravada por los hechos del ataque al Palacio de Justicia.

Causaya se había presentado como agente del Estado integrante de la fuerza pública tras ser condenado a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, condena que está en firme. Además, tiene una investigación por el delito de tortura agravada por los mismos hechos.

Sin embargo, acudir a la JEP implica que las personas deben aportar verdad por los hechos por los cuales fueron procesados en la justicia ordinaria. el 18 de noviembre de 2024, Causaya Peña envió a la JEP un memorial de siete páginas en el que negó su participación en el Palacio de Justicia. Dijo que no tenía conocimiento de la respuesta excesiva del Ejército a la toma porque "no era analista del blanco M-19".

Además, el militar retirado afirmó no saber nada sobre actos de tortura, desaparición forzada y ejecución de víctimas aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. Para esa época, Causaya se encontraba asignado al B2 de la Brigada 13 del Ejército Nacional y tenía que hacer informes (denominados RESIN) que consistían en recopilar y transcribir información de inteligencia sobre grupos subversivos, específicamente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según él, el día de la toma guerrillera recibió una orden directa del coronel Sánchez Rubiano, para incorporarse al Centro de Operaciones de Brigada (COB) que se activó como respuesta. El militar insistió en que él sólo hizo labores de criptografía, que no salió de la sala en todo el día y que al día siguiente volvió a seguir con el turno. En su relato, el miliar señaló que el 7 de noviembre le ordenaron llevar dos radios desde la oficina del B2 hasta el primer piso de la Casa del Florero, y que lo hizo en transporte público pero que luego se devolvió a la brigada.

La JEP valoró la información entregada por el sargento retirado, quien insistió en que no supo nada de lo que pasó, y señaló que su versión "no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal".

"Como se advierte, lo informado por el compareciente no sólo contradice las conclusiones a las que arribó la jurisdicción ordinaria que lo declaró responsable por desaparición forzada de la señora Irma Franco Pineda, los señores Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, sino que además cercena el derecho a la verdad de las familias de las víctimas, por resultar insuficiente en el esclarecimiento las acciones militares 
–armadas y de inteligencia– ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia", dijo la JEP en documento conocido por CAMBIO.

Según la Sala, como acá hay una condena en firme, "la negativa a aceptar responsabilidad constituye una violación directa de los principios fundamentales del Sistema Integral", ya que el reconocimiento pleno y sustancial de los hechos es un requisito para que los comparecientes puedan beneficiarse del sistema transicional.

"La falta de reconocimiento de responsabilidad por parte de Ferney Ulmardín Causaya Peña no solo obstruye el proceso de reconstrucción de la verdad, sino que también genera desconfianza en las víctimas y en la sociedad respecto a la capacidad de la JEP para cumplir con su mandato. El relato del compareciente no ha incluido elementos nuevos ni relevantes que permitan avanzar en la comprensión de los hechos, identificar la suerte de las víctimas de desaparición forzada o determinar las responsabilidades de otros actores involucrados en las violaciones graves de derechos humanos durante los eventos del Palacio de Justicia", agregó la JEP.

Según la Sala, la falta de información específica sobre la planificación de las operaciones armadas y de inteligencia, aunada a las posibles irregularidades en la cadena de mando o en las instrucciones emitidas durante los eventos cuestionados, "restringe severamente el valor de sus aportes para la justicia transicional". Por eso, la JEP optó por ordenar la "exclusión del sistema transicional y la remisión de su caso a la jurisdicción ordinaria".