De los proyectos de reforma agraria de la administración de Gustavo Petro nos venimos informando a pedazos. Hay que seguirles sin embargo la pista con paciencia, pues están animados de un propósito plausible: El presidente ha dicho que la reforma agraria que quiere ejecutar es la que quedó consagrada en el punto número uno de los acuerdos de La Habana.
Hay que recordar, eso sí, que el punto número uno de los acuerdos de paz que se celebraron con las Farc en La Habana no solo tratan de la distribución de tierras. Son un paquete muy ambicioso de diez programas asociados al desarrollo rural, que se ocupan de objetivos tan diversos como los emprendimientos de riego y drenaje, vías terciarias, educación para el campo, semillas, investigación, asistencia técnica, vivienda rural, y formalización mediante titulación de la propiedad agraria, entre otros.
La reforma agraria del siglo XXI no se entiende solamente como una simple distribución de tierras “peladas” como era lo tradicional, sino como la dotación de bienes públicos para la ruralidad, sin los cuales la sola tierra no sirve de gran cosa.
La visión de las reformas agrarias del siglo XX en relación con las modernas que se recomiendan en el siglo XXI se diferencia precisamente en esto: en la dotación de bienes públicos para la ruralidad que resultan igual o más importantes que la entrega de tierras. El punto número uno de los acuerdos de La Habana fue especialmente cuidadoso en que así fuera.
El hecho de que el Ministerio de Agricultura y sus entidades conexas hubieran recibido el más alto presupuesto de la historia para 2024 así parece reconocerlo.
Sin embargo, los anuncios gubernamentales hasta el momento se han detenido más que todo en cuáles serán las metas de distribución de tierras durante el cuatrienio de Gustavo Petro. Y allí ha habido marchas y contramarchas.
Recuérdese que inicialmente siendo ministra de Agricultura Cecilia López se dijo que era imposible cumplir la meta que se había mencionado por el presidente durante la campaña que era de 3 millones de hectáreas para el cuatrienio. Se habló, entonces, de 1,5 millones de hectáreas, objetivo más realista que resulta ser el 50 por ciento de la meta global señalada en los acuerdos de la Habana para todo el periodo del posconflicto.
Después se habló –con algarabía– que el consorcio de Fedegan iba a ser el ábrete sésamo de la política agraria durante este cuatrienio. Sin embargo, no hace muchos días la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, informó que a los ganaderos agrupados en Fedegan apenas se les había podido comprar una sola finca en San Marcos, Sucre. La fórmula Fedegan como proveedor de tierras para la reforma agraria de este Gobierno se vio claramente que no iba a ser lo que se anunció en un comienzo con tanta fanfarria.
Posteriormente se dio a entender que una buena parte de las tierras a distribuir provendrían de la figura remozada de la “extinción de dominio”, que viene desde la Ley 200 de 1936 y a la cual, inexplicablemente, el plan de desarrollo le abrió un sorpresivo boquete para que se pudiera hacer por vía totalmente administrativa. La última instancia de los procesos de extinción de dominio quedaba así radicada en la unidad de tierras. La sorpresa fue mayúscula con esta fórmula. Tanto más cuando se acaba de aprobar una reforma constitucional por la cual se crea la jurisdicción agraria, que podría tener perfectamente la responsabilidad de dirimir en segunda instancia cualquier controversia que se suscite en el trámite de la extinción de dominio rural que se anuncia.
Recientemente se han anunciado otras medidas para agilizar la entrega a los campesinos de las tierras que están congeladas en la SAE, y que constituyen un gran potencial para distribuirlas dentro de los objetivos de la reforma agraria.
No hay que olvidar, por último, que a raíz de una luminosa sentencia de la Corte Constitucional los baldíos solo pueden ser adjudicados para finalidades de reforma agraria en Colombia. Allí hay un potencial importante para cumplir con la meta que se ha autoimpuesto el Gobierno de Petro de distribuir 1,5 millones de hectáreas durante su mandato a campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente” como rezan los acuerdos de La Habana.
Meter el acelerador al catastro multipropósito es también otra herramienta fundamental para lograr avanzar con seriedad en este gran propósito de la reforma agraria.
El presidente Petro ha anunciado que este asunto de la reforma agraria hará parte del temario que se llevará a la mesa del gran acuerdo nacional que convocará próximamente.
Está bien que así sea. Pero para hacerlo se necesita que el Gobierno primero que todo termine de armar el rompecabezas agrario que hasta el momento hemos venido conociendo solo a pedazos.
