
Tiene razón el presidente Gustavo Petro al anunciar que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, podría estar envuelta en uno de los peores hechos de corrupción de la historia del país. Es una vergüenza que los millonarios bienes objeto de extinción de dominio se los roben o terminen manipulados de manera fraudulenta por funcionarios de la Fiscalía, jueces y secuestres o depositarios de bienes incautados para enriquecerse injustificadamente. Colombia: un país donde el Estado les quita a los “malos” para que los “buenos” creen una empresa criminal.
Según la Contraloría no hay información sobre 3000 inmuebles que debieron pasar de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, a la SAE. El tema es aun más escandaloso cuando estamos a punto de endeudarnos y romper la regla fiscal para comprarle 3 millones de hectáreas a los ganaderos y entregárselas a los campesinos y a las víctimas del conflicto mientras, según su director, José Daniel Rojas, solo el 21 por ciento de los inmuebles que administra la SAE son productivos.
El Tiempo además reveló esta semana que la Contraloría encontró “lotes y casas rurales avaluados en menos de 100 000 pesos, una finca de 112 hectáreas por un valor de 64 000 pesos, un lote con construcción de 780 metros cuadrados por 4300 pesos, un lote urbano en buen estado que cuenta con 99 metros cuadrados, y que sale registrado por solo 1318 pesos y un garaje de 12 metros cuadrados ubicado en Bogotá, ubicado en el sector del Centro Comercial Unicentro, que fue avaluado en 35 000 pesos”.
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