Primera línea, justicia y prisión

Los comentarios que he escuchado o leído, acerca de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de nombrar a los muchachos de la primera línea gestores de paz, reflejan de muchas maneras lo duro y antidemocrático que puede ser el país.

Partiendo del hecho de que criminalizaron y apresaron a muchachos que, haciendo uso de su derecho, salieron a manifestar pacíficamente para exigir unas mínimas condiciones de vida que nunca han podido tener, y sus demandas fueron respondidas —es decir, reprimidas— tal como ha sido tradición en Colombia, de manera violenta.

Me pregunto cuáles serán los motivos para que no resulte insoportable (o al menos no los lleve a reflexionar) a quienes se oponen a esta decisión presidencial, el hecho de saber que el uso de la fuerza pública contra estos jóvenes manifestantes, es decir del uso de la violencia de arriba a abajo, entre abril y junio de 2021, fue, en muchísimos casos, no solo excesivo sino, además, ilegal y criminal. Se contaron 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas desaparecidas, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así mismo, los datos de lndepaz y la ONG Temblores hablan de otras 81 víctimas oculares por disparo directo de proyectiles o gases lacrimógenos y 4.687 casos de violencia policial.