Galeón San José

Sobre el galeón San José y el trabajo del equipo del presidente Santos involucrado en este tema, se podría escribir un libro. O varios. Es tan apasionante el asunto y fue tanto lo avanzado que resultan incomprensibles las decisiones que ha tomado el gobierno Duque en cabeza de la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez asesorada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Todas, no solamente abiertamente antijurídicas, sino inconvenientes, poniendo en riesgo al gobierno y privando a los colombianos de una de las experiencias científicas más importantes para la humanidad. Las demandas millonarias por esos errores no se harán esperar.

El proyecto del galeón recibió siempre el mayor interés del presidente y, además en todas las decisiones y en la estructuración de su programa de intervención arqueológica, contó con el apoyo de la Comisión de Antigüedades Náufragas que la conformaban personas de las más altas calidades y experiencia; se realizaron reuniones permanentes con los Ministerios de Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores, Interior y la Armada Nacional; con las Altas Cortes, la Academia y el Icanh, y con aquellas entidades y funcionarios, además de asesores externos expertos en la materia, se definió, la política pública sobre patrimonio cultural sumergido que después se convirtió en la Ley 1675 de 2013. Ley ampliamente debatida en el Congreso de la República y también por las universidades donde los fundamentalistas sacaron a relucir todas sus banderas. Se dieron todos los debates y la ley no solamente fue aprobada, sino que pasó el examen de constitucionalidad.

Aunque para el Estado colombiano el galeón San José tenía máxima importancia desde una perspectiva histórica, científica, patrimonial, también era trascendente para el gobierno establecer una política pública viable que adoptara un marco regulador para el patrimonio sumergido. En esto jugó un papel fundamental Ernesto Montenegro en su calidad de director del Icanh.