
En 2011 Santos revierte la decisión de Uribe de fusionar los ministerios de Salud y Trabajo en uno solo llamado Ministerio de Protección Social. Nace, entonces, un nuevo Ministerio del Trabajo con una modificación de sus objetivos, alcances e integra a su presupuesto y organigrama el sector administrativo del trabajo. El decreto que le da vida al ministerio y 29 funciones originales es una extensión de la obsesión de la burocracia colombiana por resolver y abarcar el mundo a través de la tinta.
La fe que depositan en la ley y el divorcio con la realidad es un patrón del Estado que ya es marca de la casa. En teoría, el ministerio no solo debe vigilar, inspeccionar y regular las condiciones y relaciones laborales, sino que, según su mandato, debe ser el motor y director de la creación de empleo en la sociedad. Algo absurdo, indeseable e impracticable. Además hay un montón de objetivos y funciones adicionales que, a la luz de los resultados, han sido puro humo y una justificación para abarrotar de corbatas esa cartera. Este ministerio es un gran ejemplo de por qué el presidente de Uruguay nos definió como “pueblos con leyes rígidas de flexible cumplimiento”.
No soy ingenuo y sé que el ministerio no tiene dientes para solucionar de fondo los problemas de nuestro espantoso sistema laboral. Se necesitan reformas en todos los niveles que lleguen apadrinadas por un consenso nacional. Pero pretendo discutir que su concepción y los ministros que lo han dirigido hacen parte del problema. Son un síntoma y un símbolo de por qué el mercado laboral funciona tan mal y el Estado tiene una aproximación cultural y técnica obsoleta con la economía de hoy.
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