Muerte a comunistas

Próximo a terminar su gobierno, y tres días después de la toma territorial de 170 municipios por el Clan del Golfo, Iván Duque espetó con voz de militar veintejuliero (cuidadosamente plagiada del general Ajúa), que desplegaría un bloque de búsqueda para extirpar de raíz lo que queda de esa organización. Agregó que destinaría 54.000 militares para conjurar la crisis y que aceleraría las extradiciones de quienes sean capturados.

Anuncios tardíos, cuando estamos a pocos meses de la entrega de mando. Anuncios fútiles, porque sabemos que una parte no despreciable del ejército lleva años operando –otra vez– de la mano de la delincuencia. Anuncios preocupantes, porque muestran que a pesar de la expansión de las operaciones del Clan del Golfo, bien conocidas por todos, el Estado no estaba haciendo todo lo que podía para desmontar esa estructura criminal.

Y no lo hacía –ni lo hará– por varias razones. Primero, porque desmontar el Clan del Golfo requiere verdad. La verdad por la que extraditaron a Otoniel y por la que el presidente dijo que acelerará las demás extradiciones. La verdad de los nexos de los paracos con militares, ganaderos, políticos y contratistas. La verdad de la corrupción, las drogas, las desapariciones y el desplazamiento. Y a Duque y a los criminales que encubre no les interesa que la verdad aflore.