
Hace unos días estuve, por primera vez, adentro de la nueva edificación del Palacio de Justicia de Colombia –invitada a una reunión por el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz Monsalvo y Fernando Castillo Cadena, su vicepresidente–, y recordé que de niña había estado en el edificio anterior, de la mano de mi padre, poco antes de la masacre ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El motivo de mi visita era hablar sobre las próximas conmemoraciones de aquella toma guerrillera del M-19 y el ataque, sin rescate, del Ejército de Colombia, al edificio anterior y a la rama judicial.
Iba sin ninguna prevención o expectativa en concreto, pensando más en lo que podría traer el encuentro hacia el futuro que en los trazos de memoria –o de olvido– que iría a recorrer. No había tenido realmente tiempo para racionalizar que estaría dentro de la construcción con la que, calculadamente, se ha pretendido, por décadas, borrar la masacre de quienes allí se encontraban y el profundo debilitamiento de la institución judicial.
Fue solo cuando estuve dentro de la edificación que sentí el peso del pasado, tan frío y cortante; insistente, casi pidiendo algo de mí; mis emociones en ese momento por “estar ahí” eran confusas y desordenadas; solo era claro que todo aquello que sentía no se quedaría dentro del Palacio, que lo arrastraría conmigo algunos días más, porque necesitaba –necesito– entender qué me produce ese lugar.
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