Robar: ¿otro de los multipropósitos del catastro?

Suena ya como un lugar común afirmar que el problema de la violencia y la pobreza en Colombia radica en la tierra. Pero es cierto. De hecho, Oxfam reveló que tenemos la peor distribución de tierras de toda América Latina. El tema es tan sensible que cualquier propuesta para reformar esta situación, como actualizar el catastro, siempre se ha estrellado con los intereses de esos grandes terratenientes que no quieren modificaciones en las reglas de juego. En el gobierno de Iván Duque logramos avanzar un poco en la actualización catastral, pero como hasta sus triunfos están contaminados, esa plata parece que también se la quieran robar.

El catastro es un inventario de los bienes inmuebles urbanos y rurales del país. Es un censo de la distribución del territorio que siempre ha servido para recaudar impuestos, aunque su propósito debería responder a otros fines como formalizar la tierra, volverla más productiva, focalizar la inversión social y orientar las políticas medioambientales. A pesar de que la idea de convertir el catastro en multipropósito respondió a la necesidad de que fuera una herramienta de gestión y organización del territorio, más allá de un instrumento puramente tributario, la realidad es que la información catastral actualizada sigue siendo poca y su función social y ambiental es muy pobre.

Poner al día la información catastral del país no es solo políticamente complicado, pues significa que poderosos terratenientes paguen más impuestos; también es caro: se estima que costaría alrededor de 2 billones de pesos. Por lo anterior, Colombia solicitó un préstamo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares con el fin de avanzar en la renovación catastral en los municipios con más necesidades del país y que además tienen poca capacidad y recursos para la actualización, como son los municipios PDET.