La Contraloría ha estado muy activa denunciando un cartel de energía solar que involucra a alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar por 66 247 millones de pesos. Esta proactividad del ente de control debería ser aplaudida y celebrada si no fuera por su sospechoso silencio sobre un cartel más grande y poderoso, que he venido denunciando en esta columna, y que se apoderó de la supuesta transformación energética del presidente Iván Duque.
No es una casualidad que antes de que el Congreso decida quién será el nuevo contralor general, Felipe Córdoba no quiera tocar a los congresistas que votarán su reemplazo, sobre todo cuando varios de los candidatos son sus subalternos. Tampoco puede ser un accidente que el órgano de control decida mirar para otro lado cuando dos de sus contralores están involucrados en el saqueo a la paz.
Y no es que los hallazgos de la Contraloría no sean graves, es que convenientemente no involucran a congresistas, funcionarios del gobierno nacional ni a ninguno de sus contralores.
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