
Cuando yo trabajaba como asesora política en el parlamento alemán (Bundestag), en alguna reunión con diputados de diferentes bancadas políticas que habían visitado recientemente Colombia, sus comentarios sobre el país no eran tanto de sorpresa —pues es conocido este territorio como uno que no supera su injusticia social— sino más bien una especie de burla, imaginando lo absurdo que resultaría que alguno de ellos fuese el primo de Angela Merkel (en ese momento canciller), o el otro, pariente de Frank Walter Steinmeier (entonces presidente); mencionaban la evidente repartición y exclusión según la clase social, y la manera prácticamente feudal de organización de la sociedad colombiana, que dinamiza la guerra que ahora queremos acabar.
Pensaba en esa reunión mientras leía el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y en la responsabilidad de las familias que han controlado el destino de Colombia desde hace más de dos siglos; también, en que su responsabilidad debería ser resaltada para entender a cabalidad el curso que ha tomado el país. Recordé el caso de la familia Reimanns en Alemania, que se benefició del sistema de violencia durante el nazismo y la Segunda Guerra Mundial con el trabajo forzado de presos de los campos de concentración; se hicieron multimillonarios a costa del sufrimiento y la violencia ejercida sobre otros. Estas familias no estuvieron sentadas en el banquillo de los tribunales de Nuremberg o los de Frankfurt ni ningún otro, pero sus descendientes hoy, avergonzados, entienden que sus privilegios y poder provienen de delitos y explotación que no se pueden negar, y por tanto asumen que tienen la responsabilidad de ofrecer una reparación de millones de euros en donaciones.
Por eso ha sido llamativo para mí ver cómo en Colombia muchos aplauden cuando una periodista de familia tradicional de poder, u otros de la misma condición socioeconómica, hablan de la necesidad de mayor justicia social; porque aunque el reconocimiento, como primer paso, refleja una buena intención, pareciera aquí no trascender de un acto performativo y ausente de compromiso, en el que las estructuras permanecen intactas y no se menciona ninguna reparación; al tiempo que se rechaza y se tacha de resentido a quien hace lo propio desde una posición en la que dicha injusticia económica, política y social, ha sido su realidad, y busca ahora una transformación de la sociedad.
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