
Volviendo a la discusión sobre las reformas que se han anunciado en este periodo legislativo que se inicia, no pueden faltar —como pasa cada cuatro años— las leyes que prometen acabar, de una vez por todas, con la mermelada.
Nadie sabe a ciencia cierta qué significa exactamente la mermelada. Con cierta pereza intelectual, el término sirve para fustigar cualquier gestión presupuestal que realice un congresista por su región, la asignación de cuotas ministeriales de partidos políticos en un gobierno, como sirve también para describir actos de corrupción. Es un término que dice mucho y no dice nada, que abarca las gestiones propias de un congresista, así como sus peores actuaciones, y que incluye también lo que en otras latitudes se entiende como un gobierno de coalición.
Para entender el alcance de las reformas anunciadas, lo primero es preguntarles a los congresistas reformadores qué entienden por la eliminación de la mermelada. Si el propósito es ahondar la prohibición a los congresistas de gestionar partidas presupuestales, se abre una discusión interesante. Y que tiene que ver con los principios mismos de la representación parlamentaria en una democracia liberal.
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