
Un Estado tiene que ser eficaz y al mismo tiempo tiene que ser legítimo. No es fácil encontrar la alquimia institucional perfecta que acomode ambos requisitos. La mejor modalidad de organización política para resolver esa tensión entre eficacia y legitimidad –que es dinámica– es la democracia. Sin embargo, el ejercicio de la representación política, de la participación ciudadana, de la división de poderes y de la libertad de opinión con frecuencia se le atraviesa a los deseos de un gobernante de hacer más, más rápido, y de imponer su voluntad.
Al presidente Petro hay que creerle cuando dice que respetará la Constitución y la ley. Aun así, están apareciendo señales de que podría sucumbir a la tentación de priorizar la eficacia sobre la legitimidad institucional. El Gobierno ha empezado a tomar atajos para saltarse los retenes inevitables que impone la institucionalidad.
Empezó con su disgusto por los requerimientos de ley sobre las calidades que exigen las normas para ocupar ciertos cargos. En vez de buscar candidatos que cumplan con los requisitos en varios casos ha preferido modificar o forzar al límite las reglas del juego para acomodar a sus preferidos. Esos requerimientos normativos, están ahí para que quien sea designado tenga las calidades y la idoneidad profesional suficientes para cumplir a cabalidad la misión encomendada.
Artículo exclusivo para suscriptores
Suscríbete para acceder a todo nuestro contenido.
SuscribirmeLea los comentarios














