La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, el día de ayer, que el Estado colombiano es responsable directo de los hechos atroces cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica (UP).
Entre los años 1984 y 2006, miles de militantes de ese partido político, y sus familias, fueron víctimas de persecución, por parte de agentes del Estado; fueron ejecutados, desparecidos, sometidos a enjuiciamientos penales infundados, a atentados y amenazas, etcétera, en medio del silencio de gran parte de la sociedad.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hablamos de 8.300 víctimas, de ellas 5.733 asesinadas o desaparecidas. Resulta incomprensible y aterrador que un exterminio de estas dimensiones no nos haya sacudido como país. Es tan escandaloso que en el período transcurrido entre enero y septiembre de 1996 se produjo, cada dos días, el asesinato de un miembro de la Unión Patriótica en zonas donde habían logrado el mayor respaldo electoral. La persecución se dirigió especialmente a aquellos que habían sido elegidos para desempeñar cargos públicos y de esta manera ir debilitando su fuerza política.
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