El 30 de octubre

A cinco días de las elecciones territoriales, nadie duda que los resultados serán negativos para el Gobierno nacional y el Pacto Histórico. La discusión gira alrededor de las causas de la derrota y, especialmente, la reacción del Gobierno al nuevo mapa de poder regional a partir del próximo lunes 30. Los contradictores de Petro, cada vez más numerosos y radicales, atribuirán la derrota del Pacto únicamente al castigo de los colombianos a la mala gestión de gobierno. La realidad es que, a la decepción de muchos votantes, hay que agregar la pésima gestión política de la coalición del Pacto Histórico. Nunca promovieron liderazgos regionales y no definieron mecanismos de selección que garantizaran unidad e idoneidad en las candidaturas. Sin organización territorial, carentes de líderes que asumieran candidaturas fuertes y con una desgaste innegable del gobierno, no tenían forma de salir bien librados.

La gran pregunta que se hacen ahora dirigentes políticos, gremios empresariales y analistas de medios de comunicación, es cuál será la reacción del Gobierno a los adversos resultados electorales. No cabe duda de que al frente de las principales gobernaciones y alcaldías del país estarán a partir del 1 de enero opositores radicales, o, en el mejor de los casos, dirigentes distantes que han hecho la campaña con un discurso fuerte contra Petro. Cambiará en forma importante el mapa de poder. Será interesante entonces ver la forma en que trabajarán y coexistirán mandatarios regionales de centro y derecha con el primer gobierno de izquierda democrática en el país. Muchos de los votantes de Petro en la segunda vuelta, acompañarán el domingo a los candidatos independientes o de oposición al mismo gobierno que eligieron hace poco. Se demuestra, además, que en Colombia las elecciones regionales son bien distintas a las nacionales.

Los caminos entonces para Petro son tres y con seguridad aún no tiene una decisión tomada. Radicaliza su discurso con las reformas sociales y cierra la puerta a una moderación de las mismas, o convoca en forma organizada el acuerdo nacional del que ha hablado, o persiste en su actual estrategia que es la negociación política al menudeo en el Congreso, para salvar parte de su agenda legislativa. El primer camino sería fatal para el gobierno y el país. Un suicidio político. Aún faltan casi tres años de mandato y es difícil plantear una pelea abierta con sus contradictores, sin posibilidades de concertación con sectores independientes y de oposición, no solo en el Congreso sino fuera de él. Un gobierno sin popularidad ni gobernabilidad no conviene a Colombia, más allá de que algunos prematuros aspirantes presidenciales se froten las manos con una eventual debacle.