¿Primer coletazo para el Grupo Aval tras sanción en EE.UU.?

Lo que parecía ser una simple audiencia de adjudicación de un contrato de concesión para la ampliación del aeropuerto de Cartagena se convirtió en todo un novelón en el que se evidenció la que sería la primera consecuencia de la millonaria sanción que Estados Unidos le impuso al Grupo Aval por haber incurrido en prácticas corruptas junto a Odebrecht.

Esta es la historia de una diligencia que tenía como objetivo entregar por fin el proyecto con el que sueña y que necesita urgentemente la capital del departamento de Bolívar, pero en la que desafortunadamente pasó de todo, impidiendo que el procedimiento se llevara a cabo, ya que tuvo que ser suspendido por las irregularidades que se denunciaron allí y por las dudas acerca de la falta de transparencia en el mismo.

Todo empezó en junio de 2022 cuando se venció por tercera vez el contrato de concesión del aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena de Indias, que desde 1996, es decir, hace 27 años, está en manos de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA). Aunque el término del contrato original, que fue entregado a ese operador, era el año 2009, por razones técnicas y jurídicas en los últimos 14 años no se ha podido adjudicar a un nuevo contratista que debe retomar las inversiones y hacerle las mejoras necesarias a la terminal.