
Me ha llamado la atención la diferencia de enfoque que existe entre algunos grupos empresariales a la hora de interpretar al Gobierno nacional y de relacionarse con sus principales autoridades. Los grupos económicos con alta exposición internacional, acostumbrados a operar bajo gobiernos de izquierda, entienden mejor la psicología y el mandato con el que llegan investidos estos gobiernos de claro asiento popular, mientras que otros, tal vez más locales, aún consideran que con Gustavo Petro se puede actuar como tradicionalmente se ha hecho frente a otros gobiernos.
En algunas ocasiones, anteriormente, la presión de ciertos medios y la acidez de algunos columnistas, le permitían al dueño de medios y a poderosos financiadores, presionar el diálogo con gobiernos enteros y llegar incluso a acuerdos regulatorios y de gobernabilidad. Un patrón que se ha repetido en momentos de la historia de Colombia y de países latinoamericanos.
En la Venezuela de los primeros años del chavismo pasó algo similar. Fuertes de haber apoyado la candidatura del disruptivo Hugo Chávez, grandes empresarios y algunos dueños de medios de comunicación como el extinto Radio Caracas Televisión, le exigieron al recién elegido Chávez la designación de miembros del gabinete y la orientación de ciertas políticas sensibles para sus intereses. Ante la reticencia de Chávez de conciliar sus solicitudes, se vino una guerra informativa muy agresiva por parte de ciertos medios, bajo la premisa equivocada de que estaban frente a uno de los tantos gobiernos que se habían sucedido en Venezuela. Los efectos de esa campaña mediática no fueron los esperados, por la simple razón de que a Chávez poco o nada lo afectaban esas críticas emitidas desde arriba, dada la naturaleza misma de su gobierno de claro asiento popular. La consecuencia final de esas incisivas campañas mediáticas, a la postre, no fue otra que la de encauzar a Chávez hacía una línea más dura y horadar una grieta cada vez más profunda entre las élites políticas y las económicas.
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