
Los edificios anuncian que se van a derrumbar. El problema es que la gente no hace caso sino hasta cuando se les vienen encima. La cosa empieza con unas modestas grietas en la pared. Luego los costados se inclinan. Los tremores que nacen de las entrañas de la estructura empiezan a ser cada vez más frecuentes. Y cuando menos se espera, toneladas de escombros aplastan a sus habitantes. Todo el mundo lo veía venir y nadie hizo nada.
Desafortunadamente, al régimen legal en Colombia le está ocurriendo algo similar. En estos seis meses el presidente Petro se ha dedicado a socavar la integridad de la legalidad no solo en el frente constitucional sino en el conjunto del Estado de derecho. A punta de decisiones unilaterales, decretos, órdenes presidenciales y proyectos de ley, se ha ido erosionado el sistema legal y se ha exacerbado la cultura de la permisividad con el delito.
¿Qué explica ese desdén por la ley y el orden? Es posible que el presidente Petro haya preferido tomar atajos en su afán de demostrar que el “cambio” está siendo realidad. Tampoco se puede descartar su terca megalomanía. Tiene la firme convicción de que la sociedad no se puede perder sus trascendentales ideas, como por ejemplo el metro subterráneo, aunque eso implique imponerlas sin respetar los procesos institucionales y las pautas legales. Esos atajos sumados y combinados resultan en la desvalorización de la supremacía de la ley como el regulador de la vida colectiva. No es posible dejar de percibir en las actitudes y decisiones del Ejecutivo un desdén protuberante hacia la fuerza de la ley.
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