
Las políticas públicas y las acciones del Gobierno generalmente se examinan a la luz de su propósito explícito. Si es una reforma a las EPS, la preocupación principal es qué pasará con la salud; si es la reforma laboral la inquietud es qué pasará con el empleo y la competitividad; y así sucesivamente. Sin embargo, eso no es suficiente para entender el impacto total y real de las políticas públicas específicas. Hay que ver la sumatoria de todas estas para entender cuál es el “modelo” de Estado y de sociedad hacia donde se nos quiere conducir.
Todos los gobiernos, en alguna medida, intentan cambios estructurales y ajustes a las políticas vigentes. Hay unos que se inclinan más por lo primero y otros favorecen lo segundo. Claramente, hoy no estamos ante un gobierno que pretenda simplemente ajustes sectoriales o cambios graduales. Todo lo contrario. Estamos ante el anhelo de poner patas arriba y transformar sistémicamente la forma en que se vienen haciendo las cosas en todos los órdenes de la vida colectiva. Cuando se trata de este tipo de “revolcones” estructurales los impactos no son en el margen. Estamos ante un escenario en el que, literalmente, se trata de barajar y volver a repartir.
La primera pregunta que hay que hacerse es cómo quedará el balance entre el Estado y el conjunto de la sociedad. Sin duda, la participación del Estado en la economía ya venía creciendo como resultado de las políticas de alivio social y manejo de la pandemia. Hoy se puede ubicar en el orden del 29-30 por ciento. De tener éxito Petro con sus reformas y sus políticas, no es impensable que la participación del Estado en la economía se acerque más al 50 por ciento.
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