
Estando hace años en una reunión con campesinos a orillas del río Guayabero, me preguntaban “¿por qué es tan difícil que el Gobierno unifique su discurso, y, sobre todo, su acción en el territorio?”. En esos tiempos nos tocaba padecer, literalmente, la diferencia entre los enfoques de sustitución de cultivos, titulación de tierras, proyectos de infraestructura o manejo de bosques en pie. Agencias como el Incoder, Igac, MinAmbiente, MinAgricultura entraban cada una de ellas en los territorios, sin preguntar cómo eran los procesos sociales existentes o los institucionales previos, o cómo se articulaban con los gobiernos regionales. Cumplir se volvía muchas veces sinónimo de ejecutar recursos, sin importar el resultado o la sostenibilidad. La memoria institucional no existe; en cambio, en las comunidades y los actores armados sí.
Buscando disculpas para justificarlo, pensé que era el resultado de la debilidad institucional en el territorio marcada por el conflicto, la corrupción, la cooptación, el abandono, y tantos males más que nos aquejaban en aquellas etapas previas al proceso de paz con las Farc. Algo de verdad hay en ello, pero el problema es inherente al Estado colombiano, que arranca de cero, cada cuatro años, con el gobierno de turno.

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