
La transición energética en Colombia afronta hoy grandes dificultades. Aunque este proceso tiene una connotación nacional es en la región Caribe colombiana en donde se concentrarán las centrales generadoras de energía basadas en recursos renovables. Departamentos como Atlántico, Cesar y principalmente La Guajira conforman el principal escenario geográfico y social en el que se emplazarán parques eólicos o granjas solares. Sin embargo, Enel, una de las empresas de generación eólica, ha anunciado la suspensión indefinida de su proyecto Windpeshi debido a crecientes fricciones con algunas organizaciones indígenas wayuu. Esta decisión genera grandes nubarrones sobre el futuro de otros proyectos.
Las empresas consideran que el clima social es incierto dados los frecuentes paros y bloqueos en las áreas en donde estas han concebido sus proyectos. Se sienten solas en relación con un deseado acompañamiento oficial y ven a las protestas indígenas como obstáculos que impiden el cumplimiento de sus metas. Los medios de comunicación hacen eco de las preocupaciones de las empresas y, en ese escenario, la población wayuu aparece como el único villano de la historia. No obstante, si en un campo de negociación hay tres partes involucradas y una sola es vista como la perversa es porque hay un sesgo en el observador.
Los indígenas también están inconformes. Se sienten engañados por los grupos económicos que invierten en las centrales eólicas y por las empresas intermediarias, conocidas como “desarrolladoras”, que están a cargo del relacionamiento y las consultas con la población local. Estas comunidades no viven en baldíos nacionales, sino en un resguardo que tiene el carácter de propiedad colectiva y está protegido constitucionalmente. Las empresas perciben las áreas de sus proyectos como tierras que se encuentran en el mercado, pero en realidad son territorios inalienables, socializados y humanizados a lo largo de siglos. Esta distinción entre tierra y territorio es fundamental si se quiere ampliar la perspectiva para la interrelación justa entre las partes. Los indígenas sienten que las empresas no hablan con transparencia acerca de los impactos que generarán los proyectos y han percibido que energías renovables no siempre equivalen a energías limpias. Perciben que se desconocen sus normas, sus principios de control territorial, sus relaciones de parentesco y sus concepciones sobre los vientos, los que no son para ellos seres inanimados. Esta situación la aprovechan grupos organizados de intermediarios que asesoran mal a algunas autoridades indígenas para que exijan costosos rituales que no existen en la tradición wayuu pero que les generan beneficios económicos a unos pocos individuos. Esto amerita una reflexión en el seno del pueblo wayuu para evitar que su profunda cosmología y su sistema normativo sean groseramente distorsionados.
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