La complicidad del gobierno con la dictadura venezolana

El presidente Gustavo Petro se ha reunido en cinco ocasiones con el dictador de Venezuela Nicolás Maduro. El último caluroso encuentro fue el pasado martes 9 de abril en Caracas. Hora antes, en una exótica rueda de prensa, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmaba que el Tren de Aragua, la banda criminal y mafiosa, era apenas “una ficción creada por la mediática internacional”. Mientras tanto, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, en silencio, sonreía mirando al piso. Luego, en su viaje a Nueva York, aclaró que en Colombia sí se combate a esa estructura criminal y que “cada gobierno tiene sus interpretaciones”. La verdad es menos edulcorada. La banda delincuencial que dirige Nicolás Maduro ha utilizado al Tren de Aragua para cometer crímenes dentro y fuera de Venezuela.

Sobre ello hay evidencia contundente. Esta semana que pasó, el fiscal de Chile, Héctor Barros, señalaba que el homicidio en Santiago de un exteniente opositor al madurismo, Ronald Ojeda, fue ordenado y planeado desde Caracas y con la participación de sicarios del Tren de Aragua. Su cuerpo lo hallaron el 2 de marzo enterrado bajo cemento dentro de una maleta. El presidente Gabriel Boric, que como rara avis entre la izquierda latinoamericana ha condenado contundentemente las dictaduras venezolanas, nicaragüenses y cubanas, llamó a consultas a su embajador en Caracas después de la cínica declaración de Gil sobre la “ficción” del Tren de Aragua. Dijo: esa declaración es “un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización”.

El presidente Petro ha sido, en Colombia, uno de los críticos más valientes y persistentes de los miles de falsos positivos cometidos por miembros de la fuerza pública. En campaña repetía una pregunta pertinente: 6402, ¿quién dio la orden? El 27 de enero pasado, en un discurso, dijo también: “Nosotros no somos de los falsos positivos. Aquí ningún arma pública debe disparar contra un joven, como lo hicieron por miles en los gobiernos pasados”.