
El 29 de agosto de 2019, Luciano Marín Arango, mejor conocido como Iván Márquez, publicó un video junto con otros excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc para anunciar “una nueva etapa en la lucha armada”. Unos meses antes, Márquez y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, se escapaban de San Vicente de Caguán hacia Venezuela. Tiempo después se les uniría Seuxis Paucias Hernández, que también volvería a las armas con el apoyo silencioso de la dictadura de Nicolás Maduro. Decía entonces Márquez, con cara de serio y rodeado de armas y camuflajes, que ellos nunca fueron “vencidos ni derrotados ideológicamente”, y que por eso la lucha continuaría y la historia registraría en sus páginas que “fuimos obligados a retomar las armas”.
De aquello han pasado casi cinco años y la historia ha registrado algo distinto: el Paisa, comandante de la tenebrosa columna móvil Teófilo Forero, y Santrich, que, digan lo que digan, sí estaba negociando un cargamento de cocaína una vez desmovilizado, están muertos. Y Márquez, cuyo estado de salud es un misterio, sigue prófugo y como cabeza de una banda mafiosa denominada, con evidente nostalgia revolucionaria, Segunda Marquetalia. Según el último conteo de inteligencia militar, esta organización criminal tiene alrededor de 1.800 integrantes y tres estructuras que están en 41 municipios de 7 departamentos: Meta, Guaviare, Caquetá, Nariño, Cauca, Putumayo y el Valle del Cauca.
El jueves pasado una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, suspendió las órdenes de captura en contra de nueve líderes de la Segunda Marquetalia. Siete de ellos, José Aldinever Sierra, José Vicente Lesmes, William Danilo Malaver, Alberto Cruz Lobo, Geovanny Andrés Rojas, Luis André Figueroa y José Darley Malagón Jiménez, fueron firmantes del acuerdo de paz. Es decir, fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ellos, como Márquez, traicionaron el acuerdo de paz y perdieron los beneficios que les otorgaba la Jurisdicción Especial para la Paz. No solo eso, los procesos judiciales en su contra, incluyendo la extradición, fueron reactivados.
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