Tiempo de la Corte

Con la decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de adoptar el texto del Senado de la reforma pensional, tras un tortuoso trámite de más de 16 meses, se han desatado en el país las acostumbradas y encendidas discusiones jurídicas sobre la inconstitucionalidad o no de la nueva ley. Han salido numerosos expertos en derecho constitucional e intérpretes de la Corte a anticipar el el sentido del fallo del Alto Tribunal frente a las demandas que se presentarán. Es momento de hacer un llamado a la serenidad a las decenas de “expertos” que aparecen por estos días en los medios de comunicación “dictando” su particular e interesada sentencia. Es la Corte Constitucional la que decidirá en unos meses si la plenaria de la Cámara incurrió en violaciones constitucionales y legales o no. Y ojalá todos los actores políticos se comprometan, desde el Gobierno y la oposición, a acatar y respetar la decisión final sobre la suerte de la reforma.

El Gobierno ya ejerció su competencia cuando en febrero de 2023 radicó su propuesta; el Congreso adoptó una decisión final sobre el proyecto la semana anterior y ahora es el tiempo de la Corte, a la que debemos permitir que estudie, delibere y decida en derecho, sin presiones de ningún lado y en los tiempos establecidos por la propia Constitución. Anticipar desde ya la posición de los magistrados es una temeridad e irresponsabilidad, que no extraña en medio de la polarización política extrema que vivimos. Un irrespeto a la Corte.

Es irresponsable porque ni siquiera se conoce aún en detalle lo sucedido en el trámite de la ley en la plenaria de Cámara. Tendrán que revisar los magistrados los debates, las publicaciones, las proposiciones, las modificaciones, las constancias de las bancadas, las recusaciones, los impedimentos, etcétera. Muchos de los que advierten desde ya la inexequibilidad de la norma, ni siquiera han leído en su integridad las sentencias que utilizan como precedentes. Solo citan los apartes que sirven a sus posiciones y las frases que suenan contundentes para señalar que ya todo está dicho por la Corte en sus fallos anteriores. Olvidan que cada proceso tiene diferente sustento fáctico e interpretaciones diversas. Veamos uno solo de los casos citados. La sentencia de la Corte Constitucional de 2019, que en un sesudo texto con ponencia de Alejandro Linares, declaró inexequible la ley de financiamiento presentada por el gobierno Duque.