El pasaporte de los pescados

El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en La Guajira por la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños wayuu, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a la desnutrición. Ello implica, entre muchos otros compromisos de las entidades oficiales, mejorar y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria. Como La Guajira es una península con más de cuatrocientos kilómetros de costa, cualquier ciudadano podría preguntarse ¿cuál es la contribución de la AUNAP o Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, frente a dicho estado de cosas inconstitucionales?

En días pasados en la población de Uribia, miembros de las comunidades de pescadores indígenas de Castilletes que transportaban en un vehículo su producción pesquera, fueron sometidos a un procedimiento de inspección y decomiso de la mencionada carga. Los responsables fueron funcionarios de la AUNAP alegando la carencia de permisos de transporte de pescado. De nada sirvieron las súplicas de las mujeres encargadas tradicionalmente de comercializar lo obtenido en las duras faenas de pesca por sus padres, hermanos o cónyuges. Tampoco se accedió a su petición humanitaria de que al menos se distribuyera lo decomisado entre las familias indígenas necesitadas de alimentos.

El cruel incidente y la actitud despótica de los servidores públicos que intervinieron en ese procedimiento está registrado en audiovisuales ampliamente difundidos en las redes sociales. Este no es el único caso, pues los cazadores wayuu también sufren decomisos. Las mujeres vendedoras de pescado cuentan que comúnmente son inspeccionadas e interrogadas por las autoridades policiales acerca de la nacionalidad de sus productos pues se sospecha que pueden provenir de La Guajira venezolana. Estos abusos dejan planteada la idea de que los pescados, crustáceos y moluscos están obligados a portar un pasaporte o al menos un código de barras que pruebe su nacionalidad. Mientras se habla de seguridad alimentaria diariamente, se levantan estos obstáculos desestimulantes de actividades económicas como la pesca.