
En mi columna anterior argumenté que si el centro quería tener una oportunidad en las presidenciales de 2026 debía proponer una política de seguridad clara. En esta columna quiero plantear dos ideas que considero relevantes para el efecto.
1) Debemos reconocer que en Colombia cogobernamos con grupos criminales. Duélale a quien le duela, en el país el Estado no es el único que manda. Los grupos criminales también proporcionan servicios estatales, como impartir justicia, realizar obras públicas y generar empleo. Lo cierto es que el Estado Colombiano ha brillado por su ausencia en muchos municipios y ese vacío lo han llenado grupos al margen de la ley. Una política de seguridad de centro debería tomar esto en cuenta.
El ejemplo más claro es el del Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país en términos de presencia territorial, abarcando 316 municipios para el 2024 (ver mapa). Según un informe del International Crisis Group, el Clan del Golfo ha evolucionado más allá de la simple intimidación para obtener control territorial. Han establecido un esquema complejo de operaciones que incluye actividades propias del Estado, siendo muchas veces “la única empresa que siempre tiene las puertas abiertas”.
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