Alinderamiento, derecho fundamental

En una carta dirigida al Gobierno nacional, algunas organizaciones del sur del Meta y norte de Guaviare, solicitan la reanudación de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno nacional y la estructura del Estado Mayor, dirigida por Calarcá, para entrar en la implementación de los acuerdos de transformación territorial, planteados previamente en el desarrollo de esta Mesa. Dentro de los temas que se plantean allí, me llama la acertada atención de la solicitud, sobre avanzar en la delimitación física y demarcación de los linderos del Parque Nacional Chiribiquete. La ausencia de una política nacional de demarcación territorial ha llevado a numerosos conflictos, pues en Colombia existen numerosas figuras de ordenamiento territorial, que implican diversas restricciones de uso del suelo, asií como de tenencia y propiedad de la tierra, que tienen implicaciones sobre las expectativas de las poblaciones locales a este respecto, así como a las limitaciones y características de la inversión pública que se deba hacer al respecto.

Dado que en muchos territorios, incluyendo las zonas de influencia de los Parques Nacionales hay procesos activos de colonización, algunos recientes y otros más antiguos, es de vital importancia realizar estos procesos de demarcación territorial de manera conjunta con la población local, teniendo además la oportunidad de involucrar autoridades locales y nacionales que tienen competencias en los asuntos del ordenamiento de la propiedad y de la producción, como lo son las de Catastro (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entre otras. De igual manera, la participación de agencias territoriales permite rápidamente y de manera coordinada, incorporar estos procesos de alinderamiento en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, que a su vez pueden ser la base para los ajustes de limites veredales con información de terreno. Igualmente, los entes territoriales, podrán incorporar con certeza meridiana, y conocimiento de las poblaciones, cuáles son las zonas donde sus intervenciones para el desarrollo de infraestructura vial, desarrollo agropecuario, y generación de servicios, tiene las mejores características para orientar y consolidar los asentamientos y desarrollos territoriales alrededor de las zonas de conservación estricta del país.

Esta acción coordinada, es la que podría dar una luz de esperanza a esas poblaciones, respecto a la utilidad de estas Mesas de Dialogo, que requieren incorporar con urgencia estas prioridades de transformación territorial, las cuales deberían ser parte del quehacer institucional cotidiano, y para todo el territorio nacional. De hecho, el tema, debe ser ampliado de manera urgente, no solo al conjunto de Áreas Protegidas del orden nacional, sino también al regional y municipal, como también y de manera especial a los territorios de comunidades étnicas en el país. Una parte importante de las conflictividades de ordenamiento del país se explica en esa precariedad de información sobre los límites geográficos de sus diferentes unidades, así como la multiplicidad de sistemas de información que no se encuentran interconectados e inoperables entre sí. De ello, han resultado conflictos monumentales, como fueron los históricos traslapes entre los bloques de exploración petrolera sobre zonas protegidas, que gracias a la diligencia del entonces doctor Armando Zamora, se logró avanzar y resolver, incluyendo avances en el tema de territorios étnicos por un convenio que se desarrolló con el Instituto Geográfico para tal efecto. Igual, con el Catastro Minero, que, gracias a una sentencia del Consejo de Estado, obliga al país a retirar todos aquellos títulos que estuvieran superpuestos con figuras de ordenamiento que tuvieran restricción a ese tipo de uso del suelo en el territorio.