Una sentencia ejecutoriada del pasado 11 de septiembre es el nuevo elemento que enreda jurídicamente al recién nombrado presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón Achury, quien no se ha podido posesionar por no tener los requisitos legales para el cargo. Pero eso son detalles. Su situación ahora no se complica por sus mentiras, o acusaciones en su contra, o incluso investigaciones, sino por decisiones judiciales que involucran prisión. Esta es la historia.
El magistrado Javier Orlando García Angarita, del juzgado tercero penal del circuito de función de conocimiento de Tunja, condenó al señor José Isaac Torres Molina, por ser el responsable de condiciones personales y civiles en calidad de autor a título de dolo del delito tipificado y sancionado en el artículo 402 del Código Penal. Suena a jeringonza penal, pero ténganme paciencia queridos lectores.
La condena fue por 48 meses de prisión y se impuso una multa de más de 229 millones de pesos, con una rebaja del 20 por ciento de la pena, teniendo en cuenta que el acusado aceptó los cargos, lo que terminó anticipadamente el proceso con sentencia condenatoria.
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