Por fin se ha conocido el borrador del proyecto de ley de competencias que debe presentar el Gobierno al Congreso antes de terminar este año, en desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2024, que fortalece la autonomía territorial al aumentar la bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP) destinada a departamentos y municipios del país. En 12 años, el 39.5 por ciento de los ingresos corrientes de la nación irán a los territorios. El documento es extenso y tiene mucho trabajo incorporado de los distintos ministerios relacionados con el tema.
Sin embargo, a pesar de su extensión, el documento no está completo: hacen falta la exposición de motivos, el aval fiscal, la distribución de recursos y, especialmente, la transferencia de competencias a los entes territoriales, con la consecuente reestructuración del Estado central. Aparentemente, esa es una de las razones por las cuales no ha sido radicado todavía en el Congreso. Otra parece ser que los diálogos sociales que el Gobierno pretende adelantar antes de presentar el proyecto no han terminado, aunque el proceso de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas ya se surtió, en tiempo récord. Se anuncia la radicación de la iniciativa para las primeras semanas de octubre. En varias ocasiones se ha aplazado.
Sin que el documento esté cerrado, es claro que ya empiezan a aparecer inquietudes. La primera es que tiene un énfasis más sectorial que territorial. Esto es comprensible, porque los recortes que sufrió el Sistema General de Participaciones con las reformas constitucionales de 2001 y 2007 implicó que los sectores de educación, salud y agua y saneamiento básico perdieran muchos recursos para la inversión social, y es natural que se quiera recuperarlos ahora. Pero eso puede entrar en conflicto con las aspiraciones autonómicas y de recursos de las entidades territoriales.
Otra inquietud es que no queda claro el mecanismo por medio del cual el proyecto de la ley de competencias preserva el equilibrio fiscal. Si va a haber sectores ganadores con la distribución de recursos, para que no haya impacto fiscal es necesario que los sectores perdedores queden claramente especificados. Si no, se van a desatar importantes presiones fiscales. En este punto es evidente que el texto no corresponde a lo ordenado por la propia norma constitucional aprobada en el Congreso en cuanto a la necesaria sostenibilidad fiscal. Ni se adoptan líneas claras para avanzar gradualmente en la reducción del Estado central, condición indispensable para transferir más recursos y competencias a las regiones.
Una tercera inquietud tiene que ver con la propuesta en el sector salud. Aquí queda claro que el Gobierno intenta meter en la ley de competencias una parte de la reforma a la salud que aún se tramita en el Congreso. Aunque la idea de fortalecer la atención primaria en salud en los territorios con recursos públicos es la correcta, sí puede tener una fuerte reacción política en el Congreso, y su impacto fiscal tiene que ser determinado. Si el régimen de salud actual permanece vigente y se aprueba lo contenido en el borrador del proyecto de ley de competencias, habrá muchos temas que requieren armonización.
El borrador del proyecto de ley también pretende satisfacer pretensiones de tiempo atrás de los pueblos y comunidades indígenas. Con el proyecto de ley aumentaría la asignación especial del 0,52 por ciento del SGP para los resguardos indígenas, al 1 por ciento, y aunque no se hace el reconocimiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), se reconocen los Territorios Indígenas que tendrán muchos de los privilegios de las ETI. Es previsible que esto genere un fuerte choque con las entidades territoriales actuales, especialmente con los municipios.
Los anteriores son apenas algunos de los temas polémicos que el borrador de la ley de competencias contiene. Pero está bien que el país los debata a través de sus representantes en el Congreso. Por eso es urgente que el Gobierno termine de afinar los detalles que faltan y radique lo más pronto posible el proyecto de ley en el Congreso, que seguramente generará grandes debates pero que al tiempo es una oportunidad, en momentos de radicalización política, de construir consensos alrededor de un nuevo modelo de desarrollo económico que debe tener como propósito esencial cerrar las brechas territoriales en el país. El tiempo corre y ojalá el Gobierno no deje pasar esta histórica oportunidad de avanzar en la más ambiciosa reforma a la estructura del Estado colombiano de los últimos 50 años.
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