
Hace un mes, en uno de sus tristemente célebres consejos de ministros, el presidente Gustavo Petro soltó la siguiente perla: pidió relevar al personal de la embajada de Colombia en China, acusándolo de “sabotear las relaciones”, de cambiarle agendas y de anular citas sin aviso. “Esa gente tiene que irse”, dijo, de manera tajante.
El servicio exterior del Gobierno Petro acumula todo tipo de tropiezos y malos ratos: nombramientos anulados, cónsules cuestionados y reaperturas de embajadas consideradas inoficiosas. Uno de los casos más lamentables fue el del cónsul en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez. A Hernández, una subalterna lo denunció por estafa; la Cancillería le abrió proceso disciplinario y le ordenó reintegrar 12.750 dólares por un contrato sin autorización y devolver 80 millones de pesos a la funcionaria, recursos que eran los ahorros de su vida. Además, en marzo de 2025 un tribunal suspendió su nombramiento y dejó el cargo.
Ese no fue el único problema en México: el Consejo de Estado tumbó el nombramiento del embajador Moisés Ninco Daza porque no cumplía con los requisitos, y la Procuraduría le abrió indagación por presunto maltrato laboral.
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