Menores en la guerra: la coherencia que nunca llega

En Colombia somos perfectos para indignarnos dos veces por lo mismo, pero en direcciones opuestas. Lo que ayer era una tragedia imputable a un ministro “mentiroso” y a unos militares “desalmados y violadores de derechos”, hoy es una operación necesaria y bien ejecutada. Lo que ayer se denunciaba como un crimen de Estado, hoy se presenta como una obligación constitucional ineludible, que hay que cumplir sí o sí. Y de esta manera, entre opiniones que se mueven al son de las conveniencias políticas, lo único que permanece es una compleja realidad que —al parecer— preferimos no mirar de frente: ¿los niños reclutados por grupos armados dejan de ser combatientes por el hecho de ser menores? Y todo lo que eso implica.

El reciente bombardeo en el que murieron menores reclutados por la estructura criminal de alias Iván Mordisco reabrió la misma discusión que el país vivió hace algunos años. La historia es idéntica: inteligencia que identifica un campamento de terroristas, una estructura criminal armada planeando acciones ofensivas que ponen en riesgo inminente a la población o a unidades de la fuerza pública, y viene la decisión de neutralizar la amenaza para evitar daños mayores. Todo exactamente igual. Lo único que cambió fue la tendencia política de quienes tomaron las decisiones.

El ministro de Defensa lo dijo con claridad: en el Derecho Internacional Humanitario, lo determinante para que alguien pierda su protección no es la edad, sino la participación directa en hostilidades. Un menor puede ser —y es trágico admitirlo— un combatiente activo. El DIH exige proporcionalidad y distinción, no pasividad ante la inminencia de un daño a la población. Pretender que las Fuerzas Militares deben abstenerse de actuar porque los grupos criminales usan niños como escudos humanos equivale a convertir el reclutamiento infantil en un blindaje táctico. Se planteen serios dilemas morales, es cierto, y el Estado puede caer en esa trampa.