No se puede tapar el sol con un dedo: Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están privados de la libertad por corrupción. Según la Fiscalía, los exministros lideraban una organización criminal para comprar congresistas. Mientras la mayoría de esos parlamentarios siguen libres y en campaña para reelegirse, Gustavo Petro sostiene que enviarlos a la cárcel es una persecución a la ciencia.
Al presidente le cuesta admitir errores; lo ha demostrado durante estos tres años y medio. Sin embargo, negar que el mayor escándalo de corrupción de su Gobierno surgió del corazón de su círculo más cercano no es una defensa política: es un irrespeto a los ciudadanos que creyeron en ese proyecto y en la promesa de combatir lo que hoy se convirtió en la mancha más grande de su mandato: el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla y Velasco fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Varios testigos los señalaron de liderar y coordinar el desvío de recursos —que debían beneficiar a poblaciones vulnerables— con el fin de “cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”
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