Tirso Vélez no solo era un político. Era un profesor, cantautor y poeta. Y como buen hombre de letras, sabía leer los signos del peligro antes de que otros se dieran cuenta. En mayo de 2003, cuando era precandidato a la Gobernación de Norte de Santander por el Polo Democrático, elevó un pedido de protección ante el comandante de Policía del departamento y el jefe seccional del DAS. Sabía que lo iban a matar.
No fue una intuición vaga. Fue un acto administrativo formal y documentado. La solicitud fue recibida, el riesgo evaluado y el peligro confirmado. Pero la respuesta institucional fue postergar la protección hasta que el político se inscribiera oficialmente como candidato, pese a que lideraba las encuestas con el 24 por ciento de preferencias. Como si las balas esperaran el calendario electoral o la rima de un poema.
El 4 de junio de 2003, Tirso fue asesinado en un ataque sanguinario realizado por sicarios en Cúcuta. Iba con su esposa, Isabel Obregón Toscano, y su amigo y asistente de campaña, Mario Enrique Mojica Rodríguez. Ellos sobrevivieron, pero quedaron malheridos. Años después, fue necesario que el Consejo de Estado dijera lo obvio: que el Estado los había abandonado.
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