Maderas y oro, ejemplos del caos

Un informe reciente de los colegas de Environmental Investigation Agency (EIA) revela como la exportación de maderas para pisos hacía Estados Unidos es una fuente de probable corrupción y adolece de un sistema de control y regulación confiable en diferentes autoridades ambientales regionales. La influencia y control de grupos armados sobre la extorsión a cualquier tipo de extracción de recurso natural pareciera una anécdota, cuando se compara con el pálido sistema de verificación en campo de los polígonos de corte autorizados. El famoso ‘Libro de Operaciones’ en línea tiene un ridículo registro de 160 frente 3.000 unidades vigentes, que se empeora con la posible decisión de entrar al modelo de autoregulación que se discute en el alicaído Ministerio.

La aterradora investigación evidencia cómo nuestros sistemas de monitoreo sobre permisos de extracción del bosque en áreas críticas de deforestación son un chiste mal contado, que no posee un sistema de auditoría y seguimiento por un tercero independiente, y mucho menos, aún, con un sistema de geolocalización que le permita a cualquier ciudadano ver en tiempo real dónde están las unidades de corte en los bosques del país, el tipo de maderas autorizadas, el número de individuos a cosechar, y las evidencias fotográficas de la extracción. ¿Adónde irá a parar el Certificado de Exportación como requisito previo?

En un país donde se pretende impulsar el manejo forestal sostenible como modelo económico para las zonas de bosques naturales que lo podrían sostener, que en general están en el Pacífico y la Amazonia, es inaudito tener una infraestructura institucional tan débil. En los últimos meses, adicionalmente, numerosas noticias han salido públicamente anunciando investigaciones y capturas de funcionarios corruptos en estas agencias. Definitivamente ha llegado el momento de asumir como país la irrevocable necesidad de modificar, ajustar y fortalecer el sistema de institucionalidad público ambiental regional en las zonas más sensibles ambientalmente del país, pues es claro que ni en sus capacidades operativas, técnicas, legales o financieras tienen la facultad de asumir los retos que significa controlar áreas de territorio con toda suerte de actores económicos, políticos y armados más fuertes que la propia institucionalidad.