¿Cláusula de escape? Irresponsables

Esta semana, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) discutirá un asunto que tiene una tremenda importancia en la vida de los colombianos. El organismo, adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito Público, tendrá que decidir si utilizará la cláusula de escape de la regla fiscal. Es decir, si suspenderá la regla fiscal, el compromiso que Colombia adquiere con los mercados internacionales y con los acreedores para que le sigan prestando plata. Solo una vez, como se recordaba esta semana, se ha utilizado esta figura. Lo hizo el presidente Iván Duque para enfrentar una coyuntura urgente y única: la pandemia del covid-19. Ahora, en cambio, no hay ningún hecho sobreviniente que permita justificar la suspensión de la regla fiscal. Tristemente para el Gobierno, la falta de claridad y de ejecución en el recaudo de impuestos y la irresponsabilidad de no querer aceptar la apremiante necesidad de un recorte en el gasto no son motivos válidos para someter al país a las consecuencias que traería ejecutar la cláusula de escape. Ya hoy, los préstamos a Colombia están por encima del 13 por ciento, que es mucho más que la tasa que puede conseguir un colombiano de a pie por un crédito de vivienda. Imagínense la tasa que quedará cuando se ejecute la cláusula de escape.

El Confis está conformado por el ministro de Hacienda, los dos viceministros, el director de Presupuesto, el director de Crédito Público, el delegado del presidente –en este caso el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín–, la recién posesionada directora de Planeación Nacional, el director de la Dian y el director del Tesoro Nacional. Ellos votarán esta decisión sabiendo, como lo han dicho privadamente algunos de sus miembros, que dar un sí podría implicar un riesgo nada despreciable: violar el artículo 334 de la Constitución Nacional, la máxima norma legal de los colombianos. Ese texto dice, específicamente, que todos los funcionarios públicos en sus actos administrativos deben observar el principio de sostenibilidad fiscal, es decir, que deben garantizar que no se vulnere esa sostenibilidad, que no es otra cosa que esto: los ingresos deben tener correspondencia con los gastos. Incluso el desafiante Rojas Medellín, que está cursando una maestría en Economía en la Nacional, entiende el riesgo de votar afirmativamente.

Varias fuentes consultadas para esta columna, algunas de las cuales hicieron parte del Gobierno de Gustavo Petro, contestaron que ellos, si tuvieran que votar, lo harían sin pensarlo dos veces por el ‘No’. “No existe ningún hecho sobreviniente, es una irresponsabilidad hacer uso así de la cláusula de escape”, resumió uno. El ministro Ávila, sin embargo, dejó claro en el congreso de Asobancaria que no hará recorte alguno en el gasto, que no ajustará lo que los expertos creen que se necesita, alrededor de 30 billones de pesos, y en privado, cada vez que algún técnico del ministerio de Hacienda habla del tema, lo acusan de neoliberal y, como le pasó al ministro Guevara, lo sacan del Gobierno. Tal vez por esto, el presidente Petro decidió poner a Ávila en ese cargo, porque el acuerdo común es que no entiende de política macroeconómica, y se plegará fácilmente a todos los caprichos cósmicos presidenciales.