Las crisis son también una oportunidad

El 2024 cerró con una cifra que debería estremecer al país: el 89 por ciento de los colombianos afiliados al sistema de salud se encuentra en EPS que no cumplen con los indicadores financieros mínimos exigidos por la ley. De 29 EPS activas, solo seis cumplen con las condiciones de habilitación financiera y de solvencia, y apenas atienden al 10,9 por ciento de los afiliados. Esto no es un problema técnico: es una alerta roja sobre la sostenibilidad del modelo de aseguramiento y la protección real del derecho fundamental a la salud.

Hoy, el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural de tal magnitud que no admite paños de agua tibia. El pasivo acumulado de las EPS alcanza los 32,9 billones de pesos; se han girado recursos crecientes desde el Estado -más de 87,8 billones por concepto de la UPC solo en 2024-. Sin embargo, la deuda con prestadores, clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos continúa creciendo. Esto significa que los recursos públicos sí están llegando, pero no se están gestionando con la eficiencia ni la transparencia necesarias.

No basta con aumentar los giros. Si el sistema pierde su capacidad para transformar esos recursos en atenciones efectivas, oportunas y continuas, estamos ante un colapso funcional, no solo financiero. En 2024, a las EPS les radicaron facturas por más de 14,7 billones en medicamentos, de los cuales les pagaron 13,3 billones, situación que golpea especialmente el acceso relacionado con la cadena de suministro farmacéutico. La deuda total con los gestores farmacéuticos asciende a 2,8 billones y es una de las principales causas del crecimiento de las más de 1,6 millones de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) radicadas el año pasado.