La Guajira ha sido el territorio de ensayo y error de los gobiernos y de sus más ambiciosas promesas de corte social. Y, con demasiada frecuencia, también ha sido el escenario donde esas promesas terminan archivadas entre estudios, contratos fallidos, obras inconclusas y mucha, pero mucha corrupción. La apuesta del Gobierno de Gustavo Petro por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), concebidos como la columna vertebral de su reforma a la salud en el marco de un modelo preventivo, debía –en teoría– romper ese ciclo. Hoy, sin embargo, los datos nos cuentan una historia mucho menos alentadora.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de Petro anunció una transformación estructural del sistema de salud apoyada en la Atención Primaria y en una inversión billonaria para modernizar la infraestructura hospitalaria del país. Se trataba de una jugada arriesgada: redirigir recursos de la Unidad de Pago por Capitación (atenciones y medicamentos de los pacientes) para multiplicar proyectos de infraestructura en territorios históricamente desatendidos. Un movimiento de alto riesgo que, como advertimos en la Comisión Primera de la Cámara en febrero de 2024, podía traducirse en una mejora sustantiva o en un experimento costoso y sin resultados.
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