
La noticia se esparció en las redes sociales y en algunos informativos de la noche: a un investigador de la Comisión de la Verdad le habían hurtado sus equipos que contenían información sensible y reservada. Ocurrió el 19 de febrero de 2022. El Gobierno anterior estaba en su ocaso tras haber logrado el objetivo de hacer trizas el Acuerdo de Paz con las Farc. Los equipos del politólogo y periodista, que trabajaba con el comisionado Alejandro Valencia Villa, estaban en el apartamento que compartía con un amigo literato.
El ruido en las redes dura un suspiro. Lo que nos indigna se replica para hacernos sentir cómodos y después pasamos a otra cosa. Si uno cierra los ojos y trata de recordar quién era ese investigador y qué fue de su historia, no es capaz de pronunciar un nombre siquiera, de pensar en una señal particular. Si se menciona la Comisión de la Verdad, uno esperaría que muchos recordaran o pensaran qué fue de sus conclusiones, hasta dónde llegaron sus hallazgos, por qué han sido desconocidos y olvidados algunos de sus miembros, anónimos para la mayoría; como es el caso de Andrés Celis, quien hoy, sin garantías de seguridad para regresar al país, continúa en el exilio, cuatro años después de que un supuesto habitante de calle entrara en su apartamento y hurtara las grabaciones que contenían las entrevistas realizadas a alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, hoy extraditado. Pienso en cuáles podrían ser las garantías de seguridad para cualquier contratista que, como Andrés, ha tenido la convicción de que trabajar en lo público es un servicio que se presta para intentar cambiar la historia del horror que hemos vivido.
Tras el robo: el escándalo menor, la Fiscalía, las llamadas entre altos funcionarios y luego la familia, la soledad, la comprobación de que no siempre hay solidaridad cuando más la necesitamos. El afán y la justificación de que hay que seguir adelante. A Andrés le brindaron un escolta, un carro, pero pronto entendió que eso era solo un gesto menor frente al desafío que significaba haber tenido acceso a información que implica a empresarios, políticos y militares con la organización criminal. Madre y padre se negaron a entrar en la lógica de la protección. Comenzaron las llamadas y las amenazas. Las investigaciones no conducían a ninguna parte. El informe de la Comisión se entregó y el presidente Gustavo Petro, electo en ese momento, aún sin posesionarse, le dio la mano al sacerdote Francisco de Roux y a las demás comisionadas, y se comprometió a seguir las recomendaciones allí consignadas.
Artículo exclusivo para suscriptores
Suscríbete para acceder a todo nuestro contenido.
SuscribirmeLea los comentarios















