
A pesar de que en Colombia las grandes noticias son sepultadas rápidamente por otras, la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí sigue resonando. La verdad, es una escena que hemos visto por décadas. Y —para bien o para mal— actuamos como si fuera algo nuevo, inédito. El valiente concejal de Medellín Andrés Tobón señaló en las últimas horas que fueron 138 los visitantes —incluidos ocho menores de edad— los que disfrutaron de horas de música, comida y licor en los patios del penal.
La fiesta en la cárcel de Itagüí —con la presencia del cantante Nelson Velásquez, logística privada y ambiente de celebración— no es solamente el desliz político de un proceso de paz que no va para ninguna parte, ni un exceso puntual, ni un error administrativo. Estamos frente a la repetición de una lógica que no por conocida deja de ser desconcertante: la del poder ilegal que convierte cualquier espacio, incluso el que debería limitarlo, en extensión de su propio mundo. Y aquí hay que detenerse en un detalle que no debe pasar desapercibido: no se trató de un evento cultural institucional, ni una actividad del INPEC, ni del Ministerio de Justicia. Fue una fiesta pagada —según se ha conocido— por los propios condenados, contemplada y auspiciada (¿por acción o por omisión?) por los responsables de la seguridad del penal. Es decir: la cárcel como club privado.
Ahí es donde el episodio de la fiesta de los protagonistas del Tarimazo se aparta de lo anecdótico y toca de nuevo las estructuras de la relación de la mafia con artistas y celebridades, muchas veces con la complacencia —y la participación— de agentes del Estado.
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