El oído del Poder

La publicación del presidente Gustavo Petro en la red social X este fin de semana no es un trino más; es la exposición voluntaria de un hecho sombrío en la democracia colombiana. Al afirmar que tuvo acceso a “informes hechos desde inteligencia” de conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el mandatario parecería haber cruzado la línea roja que separa la seguridad nacional con lo que podría entenderse como espionaje político. Lo que empezó como una disputa técnica por la licitación de pasaportes pasó a ser un escenario donde el aparato de inteligencia del Estado parecería estar al servicio del interés oficialista, el monitoreo y el intento de control directo de la oposición en plena campaña hacia 2026. La bomba explotó, así Wilmar Mejía   -ex funcionario de la DNI- asegure que el presidente cometió una “ligera imprecisión” al referirse a información de “inteligencia” y no a interceptaciones ordenadas por un juez. Interceptaciones que en caso de existir, tampoco deberían ser de conocimiento del mandatario y mucho menos ser usadas en una controversia política. La movida termina pasándole la “papa caliente” a la rama judicial. 

Resulta históricamente irónico que un dirigente que cimentó su carrera denunciando las “chuzadas” del DAS y la persecución estatal, sea hoy quien admita con naturalidad el conocimiento de interceptaciones, cuyo origen es un misterio. Al señalar que estos reportes revelarían planes para revertir el modelo de pasaportes y asegurar beneficios electorales, Petro olvida que, en un Estado de derecho, la inteligencia no es un juguete de inspección presidencial para dirimir pleitos contractuales. Esta admisión de acceso a comunicaciones privadas, sin  citar una orden judicial de manera clara de su parte, revive los fantasmas del uso del poder para intimidar al adversario bajo el pretexto de la “soberanía”. Ante esto, De la Espriella ha lanzado un reto directo exigiendo que se “muestren las grabaciones”, calificando el hecho como un uso indebido del poder estatal y asegurando que renuncia a su candidatura si esos contactos existen. 

Para entender este choque, hay que recordar que desde 2024 el Gobierno declaró la guerra a Thomas Greg calificándola como un “monopolio” que amenaza la transparencia de los procesos electorales. Para el presidente Petro la guerra contra esa empresa parece ser casi una obsesión. Tras la salida de los cancilleres Leyva, Murillo y Sarabia por cuenta de la accidentada adjudicación inicial, el Ejecutivo impuso un modelo de transición con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, Petro ha subido el volumen de la confrontación en este 2026, asegurando que la persistencia de la firma en la logística de la Registraduría encarna riesgos de fraude. Bajo esta premisa de “salvación nacional”, el Gobierno intenta justificar y presentar  hoy con asombrosa naturalidad lo que antes calificaba como abusos de Estado: el seguimiento y monitoreo de ciudadanos y contradictores políticos. A través de actividades de “inteligencia”.  Así está claramente expresado en su cuenta de X.