El jueves de la semana que pasó, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje suplicante a la Corte Constitucional. Desde Cúcuta, Petro afirmó que estaba dispuesto a arrodillarse para que la Corte incluyera en el orden del día el estudio de la reforma pensional. Petro recordó que la ley lleva ocho meses sin decisión, sugirió que no debería seguirse retrasando por el contexto electoral y terminó destacando los apoyos económicos entregados por su gobierno a los adultos mayores. A diferencia de lo que he escrito antes sobre la relación tensa, y a veces irrespetuosa, del Gobierno con las cortes, esta vez creo que Petro tiene la razón.
Recordemos brevemente qué ha pasado con la reforma pensional del Gobierno Petro. Desde noviembre de 2025, la Corte Constitucional quedó dividida 4-4 al intentar definir el futuro de la norma. El empate se produjo sin el voto del magistrado Héctor Carvajal, luego de que la Corte, en una decisión 7-1, aceptara una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia. El argumento fue que, antes de llegar al alto tribunal, Carvajal había emitido un concepto favorable a la reforma cuando se desempeñaba como asesor jurídico de Colpensiones. En aquel momento votaron a favor de la ponencia de Ibáñez, entonces presidente de la Corte, Paola Meneses, Lina Escobar y Carlos Camargo. Esa ponencia, por cierto, pedía tumbar completamente los alcances de la ley.
Así las cosas, el desempate quedaría en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez, que desde diciembre notificó a la Corte Constitucional que estaba listo para decidir sobre el particular cuando se agendara, nuevamente, sala plena para su discusión y votación. Han pasado casi seis meses desde entonces, y la Corte Constitucional de Paola Meneses, su actual presidenta, tiene a los colombianos en un limbo jurídico que solo ha traído problemas, confusiones, decretos ilegales del Gobierno y declaraciones desentonadas y malinformadas de la oposición. Nuestras fuentes al interior de la Corte Constitucional coinciden en un punto: todos, salvo la magistrada Meneses, creen que es momento de que la Corte decida de fondo sobre la pensional. Pero es ella la que debe, primero, presentar el proyecto a debatir y luego fijar el orden del día. Como no ha querido presentar el proyecto, los magistrados restantes no han logrado aplicar lo que dice el artículo 28 del reglamento de la corporación.
A saber: “Modificación del orden del día. El orden del día no podrá ser alterado sino por proposición que reciba el voto de la mayoría de los magistrados y las magistradas asistentes. Decidido el punto objeto de la alteración, se volverá al orden original”.
Sin proyecto, como digo, esto no es posible. La pregunta es entonces una sola: ¿por qué Meneses no ha querido, casi seis meses después, que la sala plena decida el futuro de la pensional? ¿Será que está pensando en el futuro de la campaña de Paloma Valencia y no, como debería, en decidir sobre los asuntos de constitucionalidad de las leyes? Recordemos que fue la candidata Valencia, del Centro Democrático, la que demandó la reforma pensional, y que cualquier decisión podría perjudicarla políticamente.
La magistrada Meneses, y esto es importante, no tiene que hacer nada distinto a lo que ya hizo en noviembre: presentar la ponencia que prefiera, porque después de la salida de Ibáñez de la discusión (también por una recusación que le fue aceptada) le correspondió a ella el expediente, y votar como ya sabemos que votó: a favor de la ponencia de Ibáñez. Si prefirió Meneses armar otra ponencia, ¿no lo ha hecho en más de cinco meses? Magistrada Meneses, el presidente Petro tiene razón en pedirle a usted, que es quien tiene el control en las manos, que priorice en el orden del día el futuro de la pensional. No hacerlo por motivos políticos, como parece, no solo desdice de la corporación que usted preside, sino que le da la razón a quienes creen que la Corte Constitucional está politizada.
No lo permita, magistrada Meneses.
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