El talón de Aquiles, la gran debilidad de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que van punteando en las encuestas es su casi total silencio ante el problema más grande que les va a tocar enfrentar que es el enorme déficit fiscal. Cepeda ha propuesto un camino posible que es el Pacto Fiscal, pero todavía no hay detalles de cómo se haría. Las propuestas de los otros candidatos son más gaseosas o irreales.
El tamaño del problema
Son ya muy conocidas las cifras del déficit fiscal y la deuda pública: para este año se estima que el primero estará por encima del 6 por ciento del PIB (más de 120 billones de pesos), y la deuda pública superará el 60 por ciento del PIB. Son cifras asustadoras y muy por encima de los promedios históricos de Colombia, pero es necesario decir que las cifras en sí mismas no son el problema, sino el contexto y las características de cada país.
Por ejemplo, la deuda pública de Colombia parece muy pequeña si se compara con países que son vistos como ortodoxos y responsables en el manejo de sus finanzas públicas. En Japón supera el 200 por ciento del PIB, en Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra supera el 100 por ciento del PIB, y en todos ellos el déficit fiscal es significativo, aunque solo en Estados Unidos y Brasil es mayor que el de Colombia.
Sin embargo, estas comparaciones no pueden ser motivo de consuelo ni de tranquilidad, porque lo importante no es el tamaño de la deuda y el déficit sino su sostenibilidad, lo cual se refiere al costo que se paga por esa deuda y, en fondo, saber si cada país puede conseguir quién le preste para financiar el déficit y para renovar o prorrogar la deuda. Acá es donde están los problemas de Colombia.
A pesar de sus altos índices de endeudamiento, la mayoría de los países industrializados no tienen dificultades en conseguir plata prestada, y además lo hacen en sus propias monedas, lo cual reduce significativamente el costo y el riesgo de los créditos.
Donde sí están empezando a tener problemas, sobre todo en casos como el de Estados Unidos o Inglaterra, es en el costo de la deuda, porque los mercados ya están empezando a tener dudas sobre la capacidad de pago futuro de esos países. La regla simple de la sostenibilidad es que la tasa de interés real que se pague por los préstamos no debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la economía, lo cual depende de la confianza que tengan los prestamistas en la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Ese es precisamente el problema de Colombia: que el déficit fiscal ha crecido y no hay expectativas claras de que se vaya a reducir, lo cual en el corto plazo ha elevado las tasas de interés hasta los altos niveles del 14 por ciento anual o más que se está pagando por los TES. El problema se puede agravar si esta situación se prolonga, pues puede llevar a que ningún prestamista quiera prestar plata a Colombia a ninguna tasa de interés.
La cifra oficial del monto de préstamos que necesita conseguir el país este año es de 128 billones de pesos, de los cuales la tercera parte son créditos externos y el resto deuda interna. Pronto debe ser publicado el Marco Fiscal con los estimativos de las necesidades de desembolsos para el 2027, pero deben ser similares. Si no se consiguen esos recursos, ¿cómo van a financiar las propuestas de gasto de cualquiera de los candidatos que gane las elecciones?
Las propuestas de solución
La CARF estima que el ajuste fiscal que debe hacer el país para garantizar la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas es del orden de 100 billones de pesos (4 por ciento del PIB), aunque reconoce que se necesitarán 4 o 5 años para realizarlo puesto que es imposible hacerlo en uno solo. Pero el hecho de empezarlo debe reestablecer la confianza de los prestamistas y eliminar el riesgo de no conseguir créditos.
La falta de recursos públicos es la amenaza más grande que va a enfrentar cualquier gobierno, y es tan grave que puede impedir realizar todas las propuestas de campaña de los candidatos: ¿de dónde va salir la plata para pagarlos? El Gobierno Petro tuvo la posibilidad de usar recursos de crédito para sus programas sociales, pero la realidad es que esa ventana se está cerrando y cada vez va a ser más difícil y más costoso conseguir quién nos preste.
La realidad es que las propuestas de los tres candidatos punteros implican un aumento del déficit fiscal: Cepeda, para ampliar los programas sociales de protección y ayuda a la población más pobre; Paloma y el abogado, prometiendo reducir los impuestos. En las circunstancias actuales, ninguna de las dos alternativas es posible. Más aún, cualquier candidato que hoy prometa que no va a subir los impuestos está mintiendo para ganar votos o no entiende la situación fiscal.
Por el otro lado, pretender reducir el déficit solo con recortes al gasto público es otra ficción. Las conclusiones de todos los estudios nacionales e internacionales muestran la gran inflexibilidad del gasto y reconocen que cerca del 90 por ciento del presupuesto nacional ya está comprometido o depende de normas constitucionales y de realidades políticas imposibles de modificar. El sistema general de participaciones, los gastos del sector defensa o la rama judicial, los pagos de pensiones y salud, para no citar sino los más grandes, no se pueden recortar. La motosierra de Milei aplicada en Colombia a programas sociales generaría un estallido social más grande que el del 2021.
La única salida posible ante tamaño problema es la pirinola mockusiana del ‘Todos Ponen’: un esfuerzo colectivo de todos los actores económicos donde cada quien (incluyendo al Gobierno) esté dispuesto a ceder un poco de sus interés particulares en aras de lograr ese interés colectivo que es la sostenibilidad del Estado de derecho.
Esa es la relevancia de un Pacto Fiscal como el propuesto por Cepeda en recientes declaraciones, y que debe ser uno de los temas prioritarios del Acuerdo Nacional: “un pacto fiscal, cuyos alcances y condiciones podrían ser dialogados y convenidos entre los gremios y grandes empresarios, la junta directiva del Banco y el nuevo gobierno”. No lo dice él, pero ese diálogo debe incluir también a los trabajadores y representantes de otros sectores sociales que también tienen que aportar para el éxito del acuerdo si quieren lograr que se mantengan los avances sociales de los últimos años.
El Pacto Fiscal que necesitamos debe incluir, sin lugar a dudas, que el sector privado acepte incrementar el recaudo tributario con controles a la evasión, eliminación de exenciones y más impuestos; pero esto solo será aceptado si también hay un compromiso claro de reducir en lo posible el gasto público, controlar la corrupción y hacer más eficiente el aparato gubernamental. Esto implica dejar de lado la receta neoliberal de solo recortar el gasto y achicar el Estado, pero también tomar distancia de la forma como este Gobierno ha manejado las finanzas públicas al final de su período.
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