En las últimas horas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó cuatro resoluciones que terminan las mesas de diálogo de paz entre el Gobierno y los grupos criminales Ejército Bolivariano, Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio —comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes— y la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Excúsenme, por favor, este reguero de nombres, que son imposibles de recordar y diferenciar, pero que son la consecuencia de una guerra reciclada y dispersa en organizaciones armadas con control territorial. Las resoluciones, decía, argumentan que estos grupos han incumplido los acuerdos alcanzados y no tienen voluntad alguna de paz ni de reincorporación a la vida civil. Como consecuencia de esta situación, el Gobierno ordena comunicar la decisión a las autoridades competentes, deroga las resoluciones —que habían autorizado las mesas— y establece así la terminación de cualquier negociación.
Esto no es otra cosa que una promesa de campaña: terminar lo que el entonces candidato siempre denominó la farsa de la Paz Total. En la práctica, quiere decir que los negociadores acreditados por Gustavo Petro quedan sin funciones y que, a su vez, los negociadores autorizados como representantes en las mesas de diálogo con el entonces Gobierno Petro perderán todo beneficio y serán nuevamente perseguidos como delincuentes comunes, con órdenes de captura reactivadas. Ya sabemos que la única salida que el Gobierno De la Espriella considera es el sometimiento a la justicia, sin condiciones ni beneficios más allá de lo que establece la ley colombiana. Días antes, el Gobierno reactivó las extradiciones de ‘Araña’, ‘Mocho Olmedo’, ‘Muñeca’ y otros más, extradiciones que se pausaron durante el Gobierno Petro como parte de las muestras de buena voluntad que, al final, no produjeron avance alguno en términos de desarme y pacificación de los territorios.
El Gobierno actual tiene un argumento poderoso que, francamente, parece incontrovertible. El desastre de la Paz Total es tan grande que, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el número de integrantes de los grupos armados organizados aumentó un 90 por ciento, al pasar de 15.120 a 28.802; el mayor crecimiento fue el del Clan del Golfo, con un 152 por ciento, seguido por las disidencias de las FARC, mientras que el ELN creció un 22 por ciento. La gráfica puede verse adjunta a la columna y la fuente es el informe de la Fundación Ideas para la Paz titulado ‘El costo de negociar mal’, publicado en agosto de 2026. No solo eso: este columnista puede confirmar que varios gestores de paz, acreditados en su momento por el presidente Petro y su Gobierno, decidieron desaparecer del escaso seguimiento que les hacía la Oficina del Comisionado de Paz, que, por cierto, dejará de existir en el Gobierno De la Espriella.
Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, fue dejado en libertad el 20 de junio de 2025 para operar como gestor de paz de los Comuneros. Tiene una condena a 40 años por secuestro y otros delitos. Hace dos meses, el ‘gestor de paz’ dijo que iba a Medellín a ver a la familia. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, señalada por la Fiscalía como sospechosa de haber participado en el atentado del Centro Comercial Andino, en el que murieron tres mujeres y al menos 10 resultaron heridas, y acusada de terrorismo, homicidio y rebelión, fue nombrada gestora de paz del ELN en 2022, al comienzo del Gobierno Petro. “Su proceso sigue en juicio y, efectivamente, nadie da razón de dónde está”, me dijo Francisco Bernate, abogado de las víctimas. Jairo Arrigui Guenis, alias Antonio, del Frente de Guerra Oriental, fue capturado en 2017 y condenado por homicidio. En 2022 también fue liberado y nombrado gestor de paz. ¿Dónde está ‘Antonio’?
Estos son solo tres nombres entre los beneficiados por las desastrosas e inútiles gestorías de paz, pero hubo muchos otros que seguramente también escaparon, a pesar de estar condenados por delitos atroces como secuestro y homicidio. Ya podremos evaluar cómo resultará el experimento guerrerista de Abelardo de la Espriella —que no es nuevo—, pero es un hecho que los intentos de Paz Total de Petro y el Pacto Histórico solo sirvieron para empeorarlo todo.
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