El domingo pasado Nayib Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador por una aplastante mayoría. Los resultados de sus políticas en temas de seguridad, en donde ese país centroamericano pasó de tener 3.346 homicidios al año en 2018 a 154 en 2023, lo han hecho ser uno de los presidentes más populares del continente. Esa favorabilidad se vio reflejado en las urnas, en donde más de ocho de cada diez salvadoreños apoyó su mandato y quiso que permaneciera en el poder.
No es para extrañarse, El Salvador pasó de ser un país tremendamente inseguro al segundo más seguro de todo América después de Canadá. Estos logros, sin embargo, no han estado exentos de críticas. Aunque muy efectivas, las políticas en materia de seguridad del gobierno Bukele han sido tomadas en su generalidad durante de un régimen de excepción, es decir, saltándose la intervención del legislativo. Además, distintos actores nacionales e internacionales han denunciado masivas violaciones a los derechos humanos. Entre otras, han dicho que se ha encarcelado a más de 50.000 personas sin una orden de detención y solo siguiendo el criterio arbitrario tanto de policías como de militares. Los medios de comunicación opositores también han sido sujeto de múltiples ataques; y su persecución ha sido tan feroz que a uno de estos, el diario El Faro, le tocó trasladarse a Costa Rica.
Las denuncias sobre las distintas violaciones a los derechos humanos en El Salvador son sumamente graves, pero no es lo único preocupante de la situación actual en ese país. Lo que mostró todo el proceso de reelección de Bukele, es que ni la Constitución ni la ley importan en ese país. Si la mayoría quiere algo, se pueden pasar por encima de cualquier cosa establecida en la Carta Política, incluidos los valores y principios más importantes. A pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe de manera clara la reelección presidencial, y autoriza a la insurrección en caso de que esto ocurra, es un hecho que Bukele va a repetir su mandato. Solo bastó con que las mayorías en la Asamblea Legislativa, controladas y afines a Bukele, retiraran a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que hicieran una interpretación amañada y grotesca de la Constitución y le dieran paso libre al nuevo dictador salvadoreño. A partir de un literalismo ridículo, la Sala mencionada argumentó que la prohibición era para ser candidato y no para ser presidente. Además, bajo el sustento de que la voluntad popular prima sobre un texto que se adoptó hace unos años, le dieron carta blanca para que, prácticamente, haga lo que quiera.
Negar que los resultados en seguridad logrados por el gobierno Bukele han sido buenos para el pueblo salvadoreño sería miserable. Se han salvado vidas. El costo que están asumiendo por esto, no obstante, es extremadamente alto. Están sacrificando su democracia, el Estado de derecho y todas las garantías que esto conlleva. La constitución, la ley y las instituciones, con ese terrible precedente, se van a poder manosear en un futuro, si la mayoría representada por un líder así lo dispone, para lo bueno y también para lo malo. La historia nos ha mostrado, no obstante, que estos regímenes, en los cuales la mayoría no tienen límites, tienen efectos perversos. Los más nefastos de todos, y que ya están viéndose en el caso salvadoreño, son la masiva violación de derechos y la opresión de las minorías, que por el hecho de ser pocos no son menos importantes.
El límite a las amplias mayorías, muchas veces representadas por un líder popular, a través de instituciones fuertes, es un requisito fundamental para tener una democracia sólida y sana, en donde se respeten los derechos que con tanta sangre se han logrado conquistar. Los mecanismos contra mayoritarios en El Salvador, sin embargo, fueron demasiado débiles para resistir esa estocada que los tiene sumidos en una tiranía de la mayoría.
La principal lección para Colombia de esta historia, es lo valioso e importante que es que las instituciones le impongan límites a los distintos proyectos políticos, por más populares que sean. Hace mal el presidente Petro, por tanto, atacando a las instituciones que lo controlan, no acatando sus decisiones, y llamando al pueblo a marchar contra ellas con el fin de deslegitimarlas. La protección de nuestros derechos, así como la existencia de nuestro Estado social de derecho, dependen de que los distintos poderes efectivamente se controlen, independientemente de lo que la gran mayoría del pueblo quiera.
